ley de salud sexual

Podemos advierte de que un Gobierno de López Miras y Vox “atacaría los derechos de las mujeres, tal y como ha ocurrido en Castilla y León”

La portavoz de Podemos, María Marín, carga contra el Plan antiabortos de García-Gallardo y Mañueco, con el que se vuelve a demostrar que “el PP no tiene ningún problema en comprarle el programa a la ultraderecha e incluso en competir para ver quién aprueba la mayor barbaridad”

El plan antiabortos del gobierno de Castilla y León supone “una vergüenza” y un “atropello a todas las mujeres de este país” que ven como la ultraderecha impulsa un “ataque frontal contra sus derechos”. Así lo ha asegurado esta mañana la portavoz regional de Podemos, María Marín, quien advierte que esta ofensiva contra los avances sociales conquistados durante décadas “no se va a quedar ahí”. Marín ha señalado que un Gobierno de López Miras con Vox tras las elecciones autonómicas de 2023 supondría que las mujeres de la Región de Murcia “tengan que sufrir el mismo acoso”, ya que “está demostrándose que el PP no tiene ningún problema en comprarle su programa a la ultraderecha” e incluso “en competir con ella para ver quién aprueba la mayor barbaridad”. 

 

La diputada morada ha recordado que esa complacencia con la agenda de la ultraderecha por parte de los gobiernos populares “ya se ha producido en otras ocasiones en la Región, como se vio con los casos del pin parental o el recorte de las becas de estudios a mujeres”. Tal y como ha destacado Marín, Vox llegó incluso a lograr el apoyo del Partido Popular para sacar adelante una iniciativa en la Asamblea Regional para que los padres maltratadores no pierdan la custodia de sus hijos, “una auténtica temeridad”.

Además, la portavoz de Podemos ha recordado que la Región de Murcia “fue noticia en toda España por el maltrato y la persecución hacia las mujeres que tenían que abortar por motivos médicos” y que estaban “siendo enviadas a clínicas privadas de Madrid en condiciones lamentables”. Marín ha señalado que desde Podemos velarán porque se cumpla la nueva ley de salud sexual y reproductiva y para que la interrupción voluntaria del embarazo pueda llevarse a cabo “con todas las garantías en los hospitales públicos de la Región, tal y como marca la ley”.