El Partido Popular ha dejado un largo legado de saqueo de lo público en la Región de Murcia. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la Región de Murcia encabeza el triste ranking de acusados por delitos de corrupción, con 56 personas físicas y 28 jurídicas. Y es precisamente en este contexto de corrupción sistémica, donde los aforamientos se han utilizado como un privilegio para retrasar la imputación de determinados representantes públicos y para alargar -artificialmente- los procesos judiciales, llegando incluso a prescribir algunos de ellos.

Gráfico de la Corrupción (Diseño: Podemos Región de Murcia).

El pasado martes fue la tercera vez en tres años que se debate en el Congreso de los Diputados esta iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y, en consecuencia, eliminar los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno regional. Puede parecer una cuestión menor, pero atendiendo a la historia reciente, no lo es en absoluto. En 2015, el Partido Popular retrasó todo lo que pudo la eliminación de los aforamientos en la Asamblea Regional para proteger al expresidente Pedro Antonio Sánchez. En 2017, una vez dimitió al ser imputado por delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental, el PP prometió votar a favor de la supresión de los estatutos para salvar su pacto de Gobierno con Ciudadanos. Pese haberse comprometido con sus socios de gobierno, se abstuvo. El Partido Popular sólo ha acabado votando a favor de la eliminación de los aforamientos de la Región de Murcia después de que la Audiencia nacional condenase al PP por lucrarse de la trama Gürtel y acreditase la caja B de la formación.

El PP ha hecho trampas con la justicia para tapar décadas de pillaje y de saqueo de lo público. Lo hicieron con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -en 2015- para acortar los plazos de instrucción a 6 meses. ¿Y saben ustedes quién fue uno de los primeros beneficiados de la reforma de la LECRIM? Pues, efectivamente, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, que no pudo ser juzgado por el caso Pasarela al haber expirado unos plazos imposibles de cumplir. De eso se trataba. Desde Unidas Podemos trabajaremos para reformar esta ley que ha permitido a corruptos irse de rositas.

En Unidas Podemos solemos decir que las cosas no siempre salen a la primera, pero la perseverancia acaba por tener recompensa. Y si en 2017 y en 2019 la reforma del Estatuto de Autonomía no pudo completarse, estamos convencidos de que con el horizonte de una legislatura estable y de progreso vamos a conseguir, entre otros avances, la eliminación de los viejos aforamientos.

Texto de opinión de Ángel Luis Hernández publicado originalmente en el diario La Verdad.