María López Montalbán, diputada regional, ha preguntado este lunes al consejero de Salud acerca del motivo por el que la Consejería no sigue las recomendaciones de la SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica), las cuales indican que a los fallecidos por exposición al amianto hay que realizarles una autopsia clínica.

López Montalbán ha señalado que APENA, la Asociación de perjudicados y afectados por enfermedades producidas por el amianto de la Región de Murcia, ha afirmado que son más de 8.000 personas las que, a través de su trabajo, se ven expuestos al amianto. El cálculo, ha dicho la diputada de Podemos, “se debe hacer con la estadística de muertes por mesotelioma, un cáncer que solo lo causa el amianto, pero que no se diagnostica correctamente, y sólo un 5% de las muertes derivadas del amianto se contabilizan como enfermedades profesionales. Una estadística demasiado baja, sobre todo por los afectados que se podrían esperar en una zona industrial como ha sido la de Cartagena. Por ejemplo, Repsol tiene docenas de fallecidos y no da el censo. Lo que dice el consejero es mentira”.

La parlamentaria de Podemos ha recordado que dada la incapacidad del gobierno regional para coger las riendas de los afectados por el amianto “llevamos la denuncia a Fiscalía junto a integrantes de Cartagena si se Puede y APENA para denunciar a REPSOL ante la negativa de la empresa a entregar un censo de los trabajadores que en su momento estuvieron expuestos al amianto”.

Por otro lado, María López Montalbán ha asegurado que es “injusto e inhumano” que el gobierno regional se salte lo que recomienda la SEAP y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas con los fallecidos por este mineral. Recordamos, ha dicho, que “para esclarecer la causa de estas muertes, al final de 2017, el SMS firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la realización de las autopsias. Un convenio que niega que en los hospitales de la Región, las autopsias de personas fallecidas por patología respiratoria y expuestas durante su vida laboral al amianto, se realicen dentro del ámbito de la anatomía patológica, tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y como se realizan en el resto de hospitales del país”.

Según ha explicado López Montalbán, esto significa que la familia conoce que el cáncer que ha provocado el fallecimiento de su allegado está vinculado al amianto. Y esto es mucho presuponer. Lo que hace el PP es denigrar a las familias afectadas y les obliga a continuar con el calvario de la invisibilidad de su tragedia”.

Por ello, tal y como ha detallado la diputada de Podemos, APENA ha denunciado que muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, por tanto, “no pedirán esa prueba al forense. Y en el caso de tener información, se les obliga a las familias, en un momento de tanto dolor, a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar la autopsia. Un laberinto administrativo para ver reconocidos sus derechos que no todas las familias están preparadas para recorrerlo”.

Podemos pide acabar con este pacto de silencio y con la condena a estas familias al limbo administrativo en la búsqueda de sus derechos. De ahí que López Montalbán le haya reclamado al PP que “anule ese convenio para que se hagan las autopsias clínicas en el Hospital Santa Lucía, acabando así con el hecho de que muchos trabajadores muertos por culpa del amianto sean enterrados sin derechos y sin justicia”.