Andrés Pedreño, diputado regional, ha explicado que el Partido Popular “ha creado el caos. No sabemos a qué se han dedicado los servicios jurídicos de la Consejería durante la negociación del proyecto de ley. Los de la Asamblea han hablado ahora muy claro. Esto es una chapuza que no hay por dónde cogerla. La fórmula de autorización restringida es un imposible. Las antiguas concesionarias continúan realizando un servicio en el vacío jurídico y ocupan unas instalaciones que son propiedad pública”. Asimismo, Podemos denuncia que las restricciones a la hora de otorgar autorizaciones no pueden sustentarse en los criterios en los que las fundamenta la ley pactada entre PP y PSOE.

Sobre el Partido Socialista, el diputado de Podemos ha dicho que “ha entregado al PP un régimen regulatorio que no implica salvaguarda alguna de los derechos de los trabajadores existentes en las antiguas concesionarias. Los acuerdos con los sindicatos son meramente declaraciones de intenciones”.

De hecho, ha expresado Andrés Pedreño, lo único que han conseguido es “el caos a costa de satisfacer a algunos de sus alcaldes que querían implantar estaciones de ITV en sus municipios”. Pedreño ha dejado claro que “la salvaguarda” de la ITV de Alcantarilla, que seguirá siendo pública, “ya era una de las líneas rojas durante las negociaciones entre Podemos, PSOE y Ciudadanos”.

El parlamentario regional ha recordado que desde Podemos “ya se advirtió que solamente el modelo de empresa pública o explotación directa de la CARM garantiza los derechos de los trabajadores. Una vez extinguidas las concesiones, se cae en un vacío regulatorio que no puede otorgar derechos por obra y gracia de informes de dudosa legalidad hechos por la propia Consejería”.

En este sentido, ha incidido Andrés Pedreño, nos preguntamos “a qué se han dedicado los servicios jurídicos de la Consejería durante la negociación. Los de la Asamblea han hablado ahora muy claro. Esto es una chapuza que no hay por dónde cogerla”.

Pedreño ha subrayado que el modelo propuesto por Podemos era la explotación pública de las ITV que además de suponer una garantía para trabajadores y seguridad vial permitían la racionalización de la ordenación de las estaciones y mayores ingresos para las arcas públicas. Ahora estamos en una situación de libre mercado que veremos a ver si no termina provocando una burbuja de ITV.