María Marín y Elvira Medina denuncian que el ayuntamiento de Murcia no tiene competencias para obligar a comparecer a nadie ni castigar el falso testimonio, una potestad que el Código Penal solo reconoce a la Asamblea Regional

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y la portavoz municipal de la formación, Elvira Medina, han comparecido esta mañana a las puertas del ayuntamiento de la capital del Segura para valorar la comisión de estudio que PP y PSOE pretenden aprobar mañana en el Pleno municipal. María Marín calificaba esta comisión de «tapadera» y aseguraba que “no es la primera vez que el ayuntamiento de Murcia intenta este truco”. Se refería al anuncio, hace unos días, de que la propia corporación se personaría en la causa judicial, “algo que ha provocado una gran indignación social y a lo que se oponen rotundamente los familiares de las víctimas”. “A pesar de ese rechazo, el gobierno de Ballesta sigue insistiendo en ser juez y parte –afirmaba-, investigador e investigado. Denunciamos esta falta de respeto a las familias, que no podemos permitir”.

Llegados a este punto, la diputada regional aclaraba dos aspectos sobre la comisión que propone el Ayuntamiento: en primer lugar, «el Consistorio no puede crear ninguna comisión de investigación, solo una comisión de estudio, según recoge su propio Reglamento. Es faltar a la verdad llamar a esta engañifa comisión de investigación”. Por otro lado, «el Ayuntamiento no puede obligar a nadie a comparecer en ninguna Comisión”. En cambio, “la Asamblea Regional sí que puede hacerlo y no sólo eso, los comparecientes están obligados a decir la verdad”.

Marín se refería al artículo 502 del Código Penal, que dice en su punto 1: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo Público por tiempo de seis meses a dos años”. Más adelante, en el punto 3, se establece que “el que convocado ante una Comisión de investigación parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses”. “La diferencia –valoraba Marín- es abismal”.

“Queremos una verdadera Comisión de investigación. No queremos que el señor Ballesta, el señor Navarro o el señor Guerrero investiguen lo que ha pasado, porque son ellos los que tienen que ser investigados”, afirmaba Marín, que concluía subrayando que “queremos saber la verdad y para eso necesitamos una verdadera comisión de investigación en el único órgano competente para ello, la Asamblea Regional de Murcia”.

Elvira Medina, por su parte, recordaba que, 24 días después de una tragedia que se cobró la vida de 13 personas y “deja muchas familias rotas y demasiadas preguntas sin respuesta, solo hemos escuchado a los políticos de la Glorieta tirar balones fuera”. “No se ha aclarado ninguna de las negligencias que la investigación de los medios de comunicación ha ido sacando a la luz –continuaba- y nadie en esta Corporación municipal ha asumido su responsabilidad”.

En este punto se refería a la comisión que previsiblemente saldrá mañana adelante en el Consistorio y que estará “formada por los propios concejales que tienen y han tenido responsabilidades de gobierno y que son los primeros que deberían dar explicaciones”. Medina ponía nombre y apellidos: “Una comisión presidida por el alcalde Ballesta y de la que podrían formar parte incluso los concejales de Urbanismo Navarro y Guerrero, los mismos que no fueron capaces de cerrar una discoteca sin licencia en más de tres años”. De esta manera, “los ediles del Partido Popular y del Partido Socialista que no hicieron nada para impedir la tragedia de Atalayas, nos dicen que van a investigarse a ellos mismos”. “Es el colmo de los colmos –concluía-. Esta comisión, lo decimos alto y claro, es una tapadera para eludir responsabilidades y protegerse unos a otros”.