El portavoz parlamentario de Podemos en la Región de Murcia, Oscar Urralburu, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, donde han abordado las principales cuestiones en las que se está trabajando desde esta institución, como son la reforma de la Ley de Transparencia y dotar de un carácter ejecutivo las decisiones del Consejo.

Óscar Urralburu ha señalado que “gracias a la reforma que la Asamblea Regional hizo de la Ley de Transparencia, todos los grupos políticos estamos representados en este órgano que nos permite a ser los ojos y la voz de la ciudadanía de una forma plural e independiente”, pero dicha independencia, ha añadido, solo es posible si la Ley de Transparencia de la Región de Murcia se reforma, en el sentido que indica el Consejo Estatal de la Transparencia y el Buen Gobierno -CTBG- que destaca positivamente la necesaria modificación normativa del articulo 38 para dotar de forma explícita al Consejo de la Transparencia de personalidad jurídica con la que poder actuar en casos en los que se produzcan de vulneración de la Ley.

Así, según ha explicado Urralburu “el Consejo tendría un carácter independiente y ejecutivo, de modo que podría llevar a cabo las denuncias pertinentes en caso de observar opacidad o vulneración de derechos en la Administración Pública, porque de otro modo”, se ha preguntado “¿Cuál sería entonces la función del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, si no puede actuar para conseguir estos fines de forma jurídica? ¿Recomendar al Consejo de Gobierno que actúe ante sus propias ilegalidades?”.

El portavoz parlamentario de Podemos ha afirmado que la solicitud del CTRM está amparada por un informe jurídico del propio Consejo Estatal de la Transparencia, por lo que existe suficiente fundamentación jurídica para avalar la demanda.

Además ha hecho hincapié en que esta reforma se hace imprescindible cuando el propio artículo 54 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Región señala literalmente que:

En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía.

En este sentido ha señalado que “sólo si se dota de la capacidad necesaria para poder actuar al Consejo de la Transparencia, podremos tender una Administración transparente y participativa, y asegurarnos que los cargos públicos cumplen con un código ético y con la justicia” y se ha preguntado si es que “lo que le ocurre al Presidente Sánchez y al PP es que no quieren atribuirle competencias ejecutivas a un Consejo que podría instar a su dimisión en cuanto fuera imputado por el TSJ por el Caso Auditorio.”

Finalmente, el portavoz del grupo parlamentario de Podemos ha avanzado en que desde Podemos “se va a trabajar intensamente en la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de modo que la ciudadanía pueda tener una intuición independiente que pueda servir a la defensa de los derechos e intereses ciudadanos”, y que signifique un paso adelante en las capacidades del Consejo, configurándolo como un auténtico órgano consultivo y con capacidad de control sobre la actividad pública.