La Asamblea Regional ha aprobado, con los votos favorables de todos los grupos políticos y la abstención del PP, la iniciativa presentada por Podemos y que exige que se respeto el derecho al acceso a una maternidad libremente decidida de las mujeres. Algo que ya establece la Ley Orgánica 2/2012 de salud reproductiva y sexual y lo hagan “con todas las prestaciones y garantías sanitarias que pueden ofrecer los hospitales públicos de la Región”.

Mª Ángeles García Navarro ha exigido al Gobierno Regional que cumpla la Ley que aborda la protección y garantía de los derechos de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. La diputada regional ha explicado que esta Ley “reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su embarazo y que estas decisiones, conscientes y responsables, sean respetadas”.

?️"Exigimos que se cumpla la Ley Orgánica 2/2010 y se garantice la prestación del aborto, de manera que todas las mujeres tengan acceso por igual a esta prestación en los hospitales públicos de la Región, con independencia del lugar donde residan"@MariaAngelesGN #PlenoAsamblea pic.twitter.com/BkIU3HaZdg

— Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) 22 de noviembre de 2018

Por lo cual “dicha prestación sanitaria ha de realizarse en los hospitales públicos de la Región de Murcia, contando con los profesionales sanitarios que no se hayan declarado objetores de conciencia”.

Del mismo modo ha añadido que “resulta inadmisible que hasta el momento en la Región de Murcia los servicios de la sanidad pública nieguen a las mujeres la información que necesitan para tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo con autonomía, y no se dé cobertura de este derecho en la red de hospitales públicos de la Región de Murcia”.

Finalmente, García Navarro ha añadido que desde Podemos “vamos a trabajar para seguir dando pasos adelante en la protección de los derechos conquistados por las de las mujeres, donde se encuentra el derecho fundamental a la interrupción voluntaria de su embarazo, con todas las garantías sanitarias disponibles y con toda la información necesaria para las mujeres que deseen llevarlo a cabo”.