Miguel García Quesada, diputado regional, ha explicado que este año los centros escolares públicos no han mejorado suficientemente el dinero que gestionan, y que además ahora, al fraccionar mensualmente ese dinero “la capacidad de abordar inversiones o facturas de tamaño medio se ha reducido. Por tanto, no se puede planificar ni programar con antelación lo que van a necesitar los niños y niñas en las escuelas”.

García Quesada ha afirmado que, quizás, tras la negativa de Martínez-Cachá a dar explicaciones se encuentre el hecho de que el próximo curso va a comenzar con “más precariedad” para los centros públicos mientras se “enriquece” a la concertada.

Además, el parlamentario regional de Podemos ha incidido en que en la pública “no se invierte lo suficiente. Con este sistema de pagos, hay que pagar, y pagar a tiempo, porque si no las deudas se acumulan. No hay derecho a que un equipo directivo no cuente puntualmente con dinero para pagar los gastos de luz, de agua, de teléfono, dinero para las bombillas de las pizarras digitales, para comprar auriculares, que se estropean con facilidad, para cartulinas, para tóner de las fotocopiadoras, para cestas de las canastas de baloncesto, etc. Esta situación de estrés, sumada a la carga lectiva y administrativa de los equipos directivos también supone un menoscabo para la calidad de nuestro sistema educativo. Los directores y directoras de los centros escolares necesitan saber cuánto van a tener a su disposición, y cuándo lo van a tener para poder organizarse”.

El diputado de Podemos ha dicho no entender el motivo por el que se ha cambiado una fórmula que “funcionaba y que es lo que realizan en otras comunidades como Madrid, Aragón o Valencia”. Asimismo, se propondrá a la Comisión de Educación invitar a los presidentes de las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria a que acudan a la Asamblea en septiembre y realicen un análisis sobre la situación de la educación en nuestra región.