Fila de coches de policía

Es intolerable la “macro-redada racista” dirigida por el Delegado del Gobierno en el barrio del Carmen de Murcia

Desde Podemos en la Región de Murcia exigimos a la Delegación del Gobierno que erradique este tipo de prácticas que tienen  un marcado carácter racista y que atentan contra los derechos humanos, ya que por el hecho de ser magrebí una persona ya es sospechosa de haber cometido un delito.

En Podemos Región de Murcia consideramos que la operación policial diseñada desde la Delegación del Gobierno y que ordenó a decenas de agentes de extranjería y de antidisturbios a registrar los pequeños locales comerciales en el barrio del Carmen de Murcia, es intolerable y atenta contra los derechos  humanos; ya que se ha considerando a estas personas como potenciales delincuentes por el hecho de ser extranjeros. Por lo tanto,  es una acción que nos lleva a los peores episodios de la democracia, máxime cuando la única pista principal, para la estas macrorredadas es  ser ciudadano extranjero y del Magreb.

Así desde Podemos Región de Murcia, queremos señalar que es el este tipo de operaciones suponen una violación de sus derechos humanos y es una práctica policial discriminatoria que sufre una parte de la población, todas aquellas personas no son originarias de Europa, ante lo cual subyace una visión discriminatoria, sesgada y falsa del día a día de muchas de estas personas que conviven en perfecta armonía como vecinos en nuestros barrios.

Del mismo modo queremos recordar que  la situación de nuestro país, contrasta con las resoluciones judiciales de otros países europeos, como es el caso de la Corte de Casación Francesa, la cual  sentenció que los controles policiales basados en perfil étnico son ilegales, y también en Suecia se ha condenado por perfil étnico al gobierno por establecer y mantener un registro de personas de etnia gitana.

Desde Podemos Región de Murcia exigimos a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia que erradique este tipo de prácticas xenófobas que discriminan y criminalizan a prori a los ciudadanos y donde la presunción de inocencia queda en el olvido así como la toma en consideración de los derechos humanos legítimos.