atención temprana

El Gobierno regional copia hoy el modelo made in Ayuso de atención temprana, que ha generado listas de espera de 330 días

Podemos acusa a López Miras e Isabel Franco de ir “contra los  Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana municipales y sus profesionales” para “privatizar el servicio y seguir ensanchando su red clientelar”

La Asamblea Regional ha dado luz verde esta mañana a la nueva Ley de Atención Temprana mediante la cual se regirá este servicio público en la comunidad autónoma. La tramitación de la ley ha venido acompañada de polémica, tanto por las formas como por el contenido del texto, y cuenta con la oposición de las asociaciones y plataformas de familiares y profesionales del sector. La portavoz de Podemos, María Marín, quien ha subido a la tribuna de oradores ataviada con la camiseta de la Plataforma de Atención Temprana, ha defendido las enmiendas que ha trabajado junto a los colectivos sociales durante los últimos meses.

En su intervención, Marín ha destacado que la ley que se ha aprobado “no cree en nuestros actuales Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), no cree en sus profesionales y no cree en el criterio de las familias que aseguran que estos centros llevan años atendiendo de manera ejemplar”. En concreto, la diputada de Podemos ha señalado que los centros existentes en Águilas, Alcantarilla, Alhama, Cieza, Fortuna, Puerto Lumbreras, Bullas, Molina de Segura, Totana, Yecla, Torres de Cotillas, Mazarrón, Abarán, Archena, Blanca, Lorca (y muy pronto también Murcia, tras la introducción de esta inversión en los presupuestos municipales gracias las exigencias de Podemos para dar su apoyo a las cuentas en el Ayuntamiento), constituyen “una gran base para prestar la mejor atención temprana, gratuita, universal, de calidad e inmediata”. Marín ha apuntado que “sólo era necesario un marco legal adecuado y un mayor apoyo económico a la labor de estos centros públicos municipales”, para articular esos centros “que han ayudado a tantos menores de nuestra Región” y convertirlos en “una verdadera red de atención temprana”.

Las cuarenta y cuatro enmiendas que Podemos ha registrado para el debate proceden íntegramente de las asociaciones, habiendo sido Marín quien ha servido de puente para que su voz pueda ser escuchada. La portavoz ha defendido que, de haberse aprobado, “aún podrían haber evitado este disparate”. Entre estas propuestas de modificación, la diputada ha destacado una enmienda al artículo 5 “para incluir la inmediatez y la autonomía de los Centros de Atención Temprana en los principios rectores de esta ley”,  dos enmiendas a los artículos 6 y 14 “para insistir en la creación de esa red generalista de atención temprana a partir de los excelentes centros públicos municipales con los que ya contamos” y a los artículos 21 y 22 “para que sean los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana los que valoren al menor y lo atiendan inmediatamente, mientras el proceso burocrático sigue su curso en la Consejería”. 

La portavoz de Podemos ha lamentado que el Gobierno regional haya optado por “no escuchar a familias y profesionales”, que son quienes mejor conocen el funcionamiento de este servicio público. En lugar de utilizar esta experiencia, López Miras e Isabel Franco se han limitado a “copiar un modelo que no funciona”, el de la Comunidad de Madrid. Este modelo madrileño de Cifuentes y Ayuso, puesto en marcha con la Ley de Atención Temprana de 2015, establecía un plazo de 6 meses para la resolución de este proceso burocrático, el mismo que se ha impuesto esta mañana en la Asamblea Regional.

 

En la Región de Murcia, tal y como destaca Marín, hasta ahora los niños y niñas con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo “eran atendidos directamente en los Centros de Atención Temprana cuando su pediatra lo consideraba necesario”, es decir, se proporcionaba “una atención inmediata”. Sin embargo, con el nuevo sistema implantado por esta ley, se creará “un tedioso procedimiento burocrático” en el que las familias deben solicitar la valoración del menor, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica deben realizar dicha valoración y emitir un informe y el IMAS debe resolver si reconoce o no el derecho a la atención temprana en base a dicha valoración. Tras estos trámites realizados por la familia, los equipos de Orientación tienen hasta 30 días para redactar su valoración técnica y el IMAS otros 40 días para dictar y notificar la resolución. Para Marín, esto se traduce en que se pasa “de una atención inmediata” a un tiempo de espera que “puede llegar a ser de 70 días, más de dos meses, un tiempo crucial en el desarrollo de estos niños y niñas”.

 

Una vez cumplido este plazo, se ha establecido otro de 160 días para la citación en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, a lo que hay que sumar 175 días para la resolución del procedimiento, resultando en más de 11 meses de espera desde que la familia detecta un posible problema hasta que finalmente el menor es atendido. Para Marín, esto constituye “una barbaridad cuando hablamos de atención temprana” ya que  “once meses en la vida de un niño o niña con un trastorno del desarrollo son una eternidad y reducen muchísimo la posibilidad de éxito de la intervención”.

La portavoz de Podemos también ha criticado que con los nuevos protocolos se introducen “listas de espera en atención temprana”. Marín ha recordado que la demora a la hora de recibir atención por parte de la administración “provoca que más de 1.000 personas dependientes mueran cada año sin ver reconocida su prestación” y ha vaticinado que  “nada más entre en vigor esta ley se van a disparar los casos de menores que no son atendidos en tiempo y forma, y de familias que deben buscarse la vida porque el sistema público no les da respuesta a tiempo”.