Portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín.

…sobre el Decreto-Ley 3/2020 para la mitigación del impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.

Si usted ha sido tan ingenuo como para pensar que en este decreto iba a encontrar algún tipo de ayuda por parte del Gobierno Regional, es que no conoce a los que mandan en esta Comunidad Autónoma desde hace 25 años.

En plena pandemia y con miles de trabajadores afectados por los ERTE y negocios cerrados, lo lógico sería que los gobiernos se volcaran en ayudar a la gente para salir de este bache. Así lo ha hecho el Gobierno de España y muchas autonomías como la valenciana (ayudas de hasta 600€ para los trabajadores en ERTE y de 1.500€ para autónomos), Asturias (400€ para alquiler) o Cantabria (cheque de resistencia de hasta 1.200€ a autónomos y pymes).

El gobierno de la Región de Murcia, sin embargo, funciona con una lógica propia desde hace ya muchos años. ¿Crisis del ladrillo? Pelotazos. ¿Mar Menor? Pelotazos. ¿Coronavirus? Pelotazos. Sólo así puede entenderse que las primeras ayudas propias del Gobierno Regional se olviden de los que peor lo están pasando y sólo beneficien a los que siempre han vivido de lujo: los señores del ladrillo.

Reforma de la Ley del Suelo para eludir controles. Modificación de usos de edificios históricos con una simple declaración responsable. Planes de ordenación del litoral que pasan de la Comunidad a los Ayuntamientos, como en los viejos tiempos de la burbuja. Competencias que pasan del Consejo de Gobierno (y sus incómodos servicios jurídicos) a manos exclusivas del consejero del ramo.

El mismo procedimiento sigue la modificación de la Ley de Puertos. Menos controles, concesiones que pasan de cinco a quince años y todos los poderes para José Ramón Díez de Revenga, nuestro ilustre Consejero de Fomento, que antes fue director general de Puertos. Al mismo tiempo era accionista de una empresa, Azentia Ingeniería, que se dedica precisamente a tramitar y ejecutar este tipo de proyectos: ahí están la ampliación de los puertos deportivos de Lo Pagán y San Pedro en pleno colapso del Mar Menor. Algunos lo llamarán conflicto de intereses. Yo lo llamo directamente una sinvergonzonería.

Si usted no ha leído el decreto, yo se lo resumo. Este gobierno autonómico sigue a lo suyo: ayudarse a sí mismos y a sus amigos. El resto de los mortales podemos morirnos de asco.

Artículo escrito por María Marín en el diario La Verdad de Murcia.