María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia

¿Ustedes comprarían verdura en una ferretería? Cuando necesitan unos zapatos nuevos, ¿van a un taller mecánico? ¿Alguien en su sano juicio se compraría un coche en una fábrica de muebles? Pues esto, ni más ni menos, es lo que hizo el gobierno de López Miras durante los peores meses de la pandemia: firmar contratos millonarios para el suministro de mascarillas y batas con empresas que no tenían ninguna relación ni podían acreditar ninguna experiencia en el ámbito sanitario. Empresas de la construcción, el fitness o la venta de maquinaria. Otras fueron creadas ex profeso. Eso no fue un obstáculo para que fueran regadas por una lluvia de millones en forma de contratos públicos.

¿Ustedes pagarían una fortuna por un producto en plena fiebre especuladora, sin haberlo siquiera recibido y sin comprobar la calidad del mismo? Pues esto es también lo que hizo el gobierno de Murcia con varios contratos cuya fecha de pago es hasta 2 meses anterior a la fecha de recepción.

Durante la pandemia se abusó en toda España de los contratos de emergencia. Contratos de adjudicación directa, a dedo, sin necesidad de concurso ni expedientes. Ante una situación de extrema urgencia, como una riada o una pandemia, lo primero es hacer frente al problema con la máxima celeridad posible. Los casos de Ayuso y Almeida, sin embargo, vienen a demostrar que a río revuelto ganancia de pescadores…también que la corrupción del PP no es algo del pasado.

La contratación pública está regida por estrictos controles previos para evitar que nadie meta la mano. En el caso de los contratos de emergencia sanitarios durante la pandemia, estos controles no pudieron aplicarse para no dilatar el proceso. Por eso es necesario una exhaustiva fiscalización a posteriori. Que se abran los cajones y se hagan públicos los contratos. Que se justifique hasta el último euro de dinero público. Que se investiguen posibles lazos entre políticos y empresarios. Que se aclare si se pagaron o no comisiones.

Las dudas son más que razonables. ¿Por qué un gobierno compra millones de euros en mascarillas a una inmobiliaria? ¿Qué intermediarios ponen en contacto a las partes? ¿Lo hacen de forma desinteresada?

De momento el gobierno regional de López Miras guarda silencio. Seguimos esperando poder consultar los contratos de la discordia. El presidente tampoco aclara si está dispuesto a abrir una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no lo hace?

Los precedentes no son nada halagüeños. Más de 15 meses después de que saltara a la luz el escándalo de la vacunación irregular de altos cargos en Murcia, el gobierno regional sigue negándose a facilitar el listado completo de vacunados y tendrá que ser un juez el que les obligue. En Ceuta los grupos de la oposición pudieron hacerlo diez días después de haberlo solicitado.
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Artículo publicado originalmente en el diario La Verdad de Murcia el jueves 5 de mayo de 2022.