María Ángeles García Navarro. Diputada de Podemos en la Asamblea Regional.

Hasta octubre de 2016 han sido asesinadas 86 mujeres, algunas de ellas no entran en los datos oficiales porque no hay una definición de lo que se considera violencia machista y los criterios para entrar en la lista oficial varían. La violencia contra las mujeres es una expresión de desigualdad social que tiene muchas caras, pero la ley integral solo considera violencia de género –porque oficialmente aún se sigue denominando así– la que se ejerce sobre la mujer cuando ha existido una relación sentimental, no reconociendo otro tipo de violencias que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.

En nuestra región sí hemos avanzado en este sentido, se ha modificado la ley regional ampliando la definición de las violencias ejercidas contra las mujeres, como la violencia sexual, la violencia económica, la violencia fuera de la relación de pareja o expareja y la violencia sufrida en el ámbito laboral. Pero sigue siendo un problema porque la ley estatal solo regula la violencia que hay en las relaciones afectivas, y aún no ha sido modificada, tal y como establece un convenio internacional.

Ha habido un gran avance en la visibilización de las violencias contra las mujeres como un problema social sacándolas del ámbito doméstico. Un logro debido a la lucha de mujeres y feministas que consiguieron que se vinculara a un transfondo de organización social de desigualdad, de relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Pero aún queda por avanzar porque el hecho de que se muestren los casos más extremos como asuntos aislados, los asesinatos, los que más impactan mediáticamente, hacen que se desvincule de las prácticas cotidianas de violencia que son más numerosas y sobre las que se sustentan estos casos extremos. Pudiendo parecer que los agresores son una minoría, cuando es todo lo contrario, y por lo tanto, se dificulta relacionar esta realidad con condiciones estructurales de desigualdad.

Hablamos de brecha salarial, de sobrecarga de los cuidados, del distinto acceso a los recursos, del acoso y agresión a través de las redes sociales, de la discriminación en el acceso al trabajo y la carrera profesional, del sexismo en la publicidad, del acoso sexual, solo hay que escudriñar los puestos de liderazgo de los partidos políticos estatales, ni una mujer en un puesto de máxima responsabilidad y poder, y es significativo que en este país aún no se ha presentado ni una mujer a presidenta.

El pacto de Estado que ha echado a andar no debe tratar la violencia machista como una cuestión a paliar, no es suficiente con atender a las víctimas, debe servir para comenzar a luchar por su erradicación. Y para ello tiene que señalar que las políticas económicas y sociales adoptadas por los distintos gobiernos, tanto PSOE como PP, han servido para perpetuar estas desigualdades: pobreza y precariedad laboral femenina, recortes de más del 26% desde 2010 en el presupuesto para luchar contra la violencia machista.