La diputada regional, María Ángeles García Navarro ha señalado que en la Región de Murcia hay 1.657 personas, que están sufriendo una situación de “falta de igualdad” en la asistencia sanitaria. Desde el año 2004 existe una ley que obligaba a integrar la sanidad penitenciaria en el Servicio Nacional de Salud pero tan sólo e País Vasco lo ha conseguido.

García Navarro ha afirmado que la administración del Estado ha abandonado “sus responsabilidades con la sanidad penitenciaria y sobre todo con la prestación de servicios farmacéuticos”. En concreto, en la Región de Murcia, ha dicho la parlamentaria regional, “el convenio de colaboración estuvo en vigor desde el 2003 hasta 2013 y en la actualidad no existe ninguno desde enero de 2014. De esta manera, la administración penitenciaria se niega a pagar algunos medicamentos que no estén recogidos en una lista que ellos mismos hacen, transfiriendo de facto este pago al servicio murciano de salud, generando así una deuda que viene a ser en torno a unos 400.000€”.

Asimismo, María Ángeles García Navarro ha apuntado que se trata de una vulneración de derechos humanos, porque son personas que están privadas de libertad pero que no están privadas del derecho a la salud. “Se vulnera el derecho a la salud puesto que no hay acceso a sus historias clínicas, el no poder acceder a especialistas, con la reducción de consultas o de las prestaciones que precisan, situaciones que no ocurrirían si estuviesen en libertad”.

Por todo ello, ha subrayado la diputada de Podemos, exigimos que «se inicien de manera inmediata las reuniones para asumir las transferencias de la sanidad penitenciaria y con la financiación adecuada, de manera que se normalice la atención sanitaria a esta población reclusa dando continuidad asistencial entre el hospital y la atención primaria, con acceso a la historia clínica, con la atención farmacéutica necesaria, y sobre todo garantizando el número necesario de los profesionales que presten estos servicios”.