Óscar Urralburu Arza. Secretario General y portavoz en la Asamblea Regional.

Tras la muerte de Nerón, en el año 69 después de Cristo, en Roma se produjo una breve guerra civil de un año en la que fue gobernada por cuatro emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Sin llegar a tanto, y si se confirma la investidura de López Miras a finales de este mes, la Región de Murcia batirá el record de haber tenido a cuatro presidentes entre 2014 y 2017, y todos del mismo partido. Este dato sería suficiente para demostrar que la actual inestabilidad institucional no es coyuntural, sino que responde a la consecuencia lógica de guerra interna en el partido, que acelera la caída del todopoderoso régimen que el PP de Ramón Luis Valcárcel había consolidado en la Región de Murcia a lo largo de dos décadas y que alcanzó su zenit en 2011 cuando alcanzó el 65% de los votos y 33 de los 45 diputados de la asamblea regional.

¿Cómo pudo instalarse semejante hegemonía cultural y política en una región pequeña y con apenas un millón y medio de habitantes? A lo largo de los años que duró el gobierno de Valcárcel, la sociedad murciana, incluida la oposición, asistió con cierta pasividad y alto grado de complacencia, a la insistente, monótona y autorreferencial descripción que sobre la misma realizaba el todopoderoso partido único. Desde el “Agua Para Todos” hasta el engorde financiero de la burbuja inmobiliaria las dos décadas de gobierno fueron testigo de una secuencia escalonada de decisiones erróneas e incluso ilegales, secundadas las más de las veces por los gobiernos municipales en manos de la oposición, y que tenían como objetivo consolidar en el inconsciente colectivo esa imagen de la región como una auténtica maquinaria de producción de riqueza, una suerte de California del Mediterráneo capaz de atraer la inversión de capital financiero extranjero con el único reclamo del sol y la playa.

En esta lógica, se impuso como modelo de crecimiento un arquetipo urbanístico abstracto y artificial, el llamado urbanismo a la carta, perpetrado no solo a través del desarrollo de Planes Generales de Ordenación Urbana de dudosa legalidad, sino también mediante el uso totalmente desaforado de la figura excepcional de los convenios urbanísticos, que llevaron a un diseño del territorio enfocado únicamente al pelotazo económico, asegurando todas las ganancias para los promotores “amigos” y traspasando todas las cargas y perjuicios al ámbito de lo público. La complicidad de Ayuntamientos y Administración Regional, suavizando o incluso eliminando el trámite de evaluación de impacto ambiental, e ignorando la ausencia de recursos hídricos para cubrir esos desarrollos fuera de toda lógica y mesura, han llevado a que muchos de ellos (y los que vendrán) hayan sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo.

La mayor parte de estas operaciones urbanísticas han resultado ser una ruina para los ayuntamientos, las promotoras privadas y las propias entidades financieras, pero lo que es más grave en la actualidad es que su fiasco nos ha dejado un reguero de costosísimas infraestructuras públicas de todo tipo cargadas a cuenta de pérdidas en el presupuesto regional: la desaladora de Escombreras, necesaria para el abastecimiento de agua urbana y que nos va a costar más de 650 millones de euros; el aeropuerto de Corvera con una capacidad innecesaria de 3,5 millones de viajeros y que nadie quiere gestionar porque no es rentable, con un coste total que va a superar los 300; la construcción de ramales de autovías y autopistas finalmente rescatadas, o de rotondas y accesos que ahora dan a campos abandonados, así como las docenas de instalaciones deportivas y piscinas municipales, museos, bibliotecas, auditorios y centros de congresos en pueblos que terminadas o sin terminar aún siguen a la espera de la llegada de sus usuarios y visitantes y cuyo valor total de inversión está sin calcular.

El listado de ejemplos que ilustran este paisaje de ruinas contemporáneas es vastísimo y representa muy bien no sólo la dimensión de la trama especulativa que se movió en aquél tiempo, cuanto la extensión y profundidad de la sistemática corrupción política instalada en el funcionamiento de la administración regional, así como en la de la mayor parte de los municipios, gobernados en su gran mayoría por el PP, pero también por el PSOE. Este modus operandi queda perfectamente representado en un caso que sin suponer un montante elevado, entre seis y ocho millones de euros, sin embargo ha alcanzado mayor renombre por afectar al que Valcárcel designó como su delfín: Pedro Antonio Sánchez López, alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 (en la foto con Rajoy). Nos referimos al denominado “Caso Auditorio”, un enorme auditorio municipal semiconstruido entre 2006 y 2011 a partir de una idea y un diseño inicial del arquitecto Martín Lejárraga con una capacidad de 1.500 butacas en un municipio que no alcanza los 15.000 habitantes, y que tras una secuencia innumerable de irregularidades e ilegalidades procedimentales y administrativas fue recepcionado por el alcalde, tras gastar el 100% de la subvención, pero con una realización de apenas el 62%. Una carcasa de hierro, hormigón y cristal, inútil e inservible, en cuya construcción presuntamente se han perdido millones de euros en sobrecostes y que requeriría al menos otros tantos para su finalización.

El caso fue denunciado por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a finales del año 2014, siendo Pedro Antonio Sánchez Consejero de Educación, Universidades y Empleo, en el gobierno de Valcárcel, mientras permanecía imputado en el mismo tribunal por otro caso relacionado con una denuncia sobre la contratación de los trabajos de redacción del PGOU de Puerto Lumbreras (hoy anulado por el Tribunal Supremo) y el indemostrado origen del pago de un dúplex de su propiedad. El caso del dúplex fue archivado, casualmente por el mismo juez que juzga hoy el´Caso Auditorio´, el Magistrado Pérez Templado, pero su tramitación le impidió ser el inmediato sucesor de Valcárcel cuando éste tuvo que incorporarse a la candidatura de las europeas el 3 de abril de 2014. Como consecuencia, el sucesor designado fue Alberto Garre, un diputado regional y uno de los fundadores regionales del partido, que tenía como mandato ser un presidente de transición hasta las regionales de mayo de 2015. Respecto a la denuncia de la Fiscalía referida al Auditorio, el TSJ fue muy rápido, dictando una resolución en febrero de 2015 y otra firme en marzo del mismo año, en la que derivaba la instrucción del llamado “Caso Auditorio” al juzgado número uno de Lorca, resolución que permitió a Valcárcel apartar a Garre y designar oficialmente como su sucesor a Pedro Antonio Sánchez.

En la resolución, firmada por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Región, se reconoce la existencia de indicios claros de delito, pero se señala que habiendo muchas personas implicadas aparte de Pedro Antonio Sánchez y siendo éste el único aforado, se debía individualizar los indicios delictivos con carácter previo a la admisión de la competencia por parte del TSJ. Ciertamente, la querella de la fiscalía ya individualizaba los delitos, pero el mecanismo se mostró eficaz en el cumplimiento de su objetivo de ganar tiempo y de garantizar que se podía llegar a la candidatura a la Presidencia de la CARM sin sombra alguna de imputación. Pero duró poco la paz; apenas un mes después de la jornada electoral, el 24 de junio de 2015, la jueza del juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, la Sra. Consuelo Andreo, instructora del caso, ordenó las primeras diligencias que incluían la citación el 14 de julio para que compareciera de forma voluntaria, pues se encontraba aforado, de quien aún no había sido siquiera investido como presidente.

Fue entonces cuando Pedro Antonio Sánchez alcanzó los compromisos públicos que le han perseguido hasta su dimisión: “Si me imputan por el ´Caso Auditorio dimitiré”, afirmó entonces, y se comprometió a ello en el acuerdo resultante de la negociación mantenida con Cs para la investidura. Poco después disfrutó de su condición de aforado para no tener que prestar declaración en el juzgado de instrucción, hasta que el 2 de diciembre de 2016 la jueza Andreo elevaba al TSJ la exposición razonada del caso con el propósito de que se actuara penalmente contra el presidente por cuatro delitos: prevaricación continuada, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude contra las administraciones públicas, dando inicio a su vez, a la instrucción de una pieza separada para investigar el uso que se dio al dinero de la subvención desde que se recibió hasta que se inició la obra, con la sospecha de un uso irregular del mismo. Recientemente, la fiscalía ha apuntado a la posible comisión de un nuevo delito, fraude en subvenciones públicas, interesando la práctica de nuevas diligencias en este sentido en el TSJ.

Al “Caso Auditorio” hay que sumarle la implicación que el instructor de la Trama Púnica, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el Sr. Eloy Velasco, ha establecido como resultado del abundante material probatorio aportado a lo largo del año 2014 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y compuesto por más de 44 documentos entre correos electrónicos, transcripciones de conversaciones y declaraciones de testigos e imputados, que pondrían de manifiesto que Pedro Antonio Sánchez, cuando era Consejero de Educación, y en su carrera por la presidencia de la Comunidad Autónoma, habría contratado los servicios de dos empresas de lavado de imagen, EICO y MADIVA S.L y al empresario Alejandro de Pedro, imputados en la trama, y a los que pensaba pagar presuntamente con fondos públicos de formación del departamento educativo.

Pero a lo largo de los apenas dos años de presidencia, el PP ha cerrado filas en torno al Presidente regional, hasta el punto de distribuir el argumentario falaz de la persecución que sufría Pedro Antonio Sánchez, creando el mito de las famosas (e inexistentes) diecisiete (o más, según quién lo dijera) querellas que habría sufrido el ya ex Presidente, convertido así en mártir de una injusta persecución. Pero el principio del fin se produce el 20 de febrero de 2017, cuando el Magistrado de Instrucción que conoce del caso Auditorio, el amigo de los amigos de Pedro Antonio, el Sr. Pérez Templado, le cita para declarar como “investigado”, es decir, le imputa formalmente, tal y como se conoce en el lenguaje común anterior a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y termina con la solicitud de imputación del juez Velasco, que desencadena finalmente su caída.

Entre la imputación y la dimisión definitiva del presidente el pasado 4 de abril, han pasado 44 días de resistencias, un Congreso que lo ha convertido en el presidente regional del partido a pesar de la larga sombra de corrupción que le persigue, diversas manipulaciones y una gran mentira. Porque lo más sobresaliente de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez es que es una gran mentira: va a seguir como diputado regional, saltándose todos sus compromisos, engañando a la ciudadanía para mantener sus privilegios como aforado y que su procesamiento se produzca en un tribunal más favorable a sus intereses, como es el TSJ, y no en uno ordinario, probablemente más severo. Y, sobretodo, para seguir manejando los hilos del gobierno regional desde su escaño, con la figura de una marioneta interpuesta, el Sr. López Miras, diputado regional de apenas 33 años que no dispone de curriculum conocido más allá de haber sido el brazo ejecutor de las maniobras de Martínez-Pujalte en la Consejería de Hacienda, que le permitieron presuntamente apañar el concurso de concesión de la Televisión Pública 7RM a Secuoya, una empresa vinculada al exdiputado popular, y lograr la dimisión del Consejero Cerdá para que la causa de Novo Carthago no alcanzara a Valcárcel. Un curriculum a la altura de lo que se espera de él: que el Gobierno Regional siga trabajando para los intereses de la trama de Pedro Antonio Sánchez y del Partido Popular, obligado a tapar las vergüenzas de Valcárcel y sus 22 años de dislates, aunque sea en perjuicio de los intereses de la Región de Murcia.

Publicado originalmente en www.sinpermiso.info el 9 de abril 2017.