Javier Sánchez Serna, diputado nacional de Podemos Región de Murcia ha presentado diversas preguntas relacionadas con este tema. Entre ellas, por los criterios seguidos por la Delegación de Gobierno para mantener un dispositivo de seguridad estático durante “tanto tiempo” en las vías. Asimismo, se ha interesado por el motivo por el que la vigilancia es asumida por la Policía Nacional y no por una empresa de seguridad.

El soterramiento de las vías del AVE en la ciudad de MURCIA no puede seguir hipotecando la labor de la POLICÍA NACIONAL.
?Basta de desviar nuestra función para intereses ajenos a los de la mayoría de la Ciudadanía.
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— ARP (@ARPolicias) 27 de febrero de 2018

En este sentido, Sánchez Serna quiere conocer lo que opina el Gobierno de la denuncia de la Agrupación Reformista de Policías, puesto que “han podido dejar de prestarse servicios de seguridad y policiales en la zona de Murcia debido a este dispositivo permanente”.

El diputado de Podemos Región de Murcia en el Congreso ha hecho hincapié en que desde la llegada de Francisco Bernabé a la Delegación “se ha recrudecido el trato que recibe la gente de las vías en sus justas y ya históricas reivindicaciones. Incluso, Amnistía Internacional se ha interesado por la situación de los multados y se cuestiona que pueda constituir una situación de represión del derecho a la manifestación”.

Y todo, ha dicho Javier Sánchez Serna, “a pesar del carácter mayoritario y ampliamente pacífico de las movilizaciones pro-soterramiento. Al Delegado no le ha temblado la mano para cursar más de 30 sanciones con un importe total de 30.000 euros”.

Hoy pregunto al Gobierno sobre el coste del operativo policial en las vías de Santiago el Mayor (Murcia). ¿Responde a criterios de seguridad o a una motivación política de intimidar a los vecinos/as? #HelpMultas pic.twitter.com/HaWVrJhhgm

— Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) 2 de marzo de 2018

Para Sánchez Serna, a esto hay que añadir que el dispositivo policial es “cuestionado por las propias asociaciones policiales. La Agrupación Reformista de Policías ha afirmado en un comunicado que desde los responsables políticos, ADIF y la empresa concesionaria no se ha previsto un servicio de seguridad propio, teniendo en cuenta que la presencia numerosa y estática de Policía Nacional en las vías de Santiago el Mayor supone un detrimento del servicio para el resto de la población”.