María Ángeles García Navarro, diputada regional, ha explicado que la iniciativa que ambos partidos han rechazado hoy no hablaba de la eutanasia ya que ninguna de las leyes autonómicas que regulan este asunto la contempla ni lo puede contemplar. De lo que se trataba hoy era de poner los derechos de la gente que vive en la Región de Murcia al mismo nivel que en la gran parte del país para que “el derecho a una vida digna tenga también el derecho a una muerte digna. Preservar la vida no puede estar por encima del ser humano enfermo. Cuando la enfermedad no tiene solución y la muerte es inevitable el papel de la medicina debe ser asistir en la muerte.

García Navarro ha afirmado que la lucha por la muerte digna es una herramienta fundamental para conseguir una vida digna “porque permite al ser humano tener el control de su existencia en toda su extensión. Por ello, era necesario contar con una ley autonómica que pudiera añadir más claridad y definición de los derechos y más garantías de su cumplimiento”.

?️@podemosmurcia ya registró en @asambleamurcia, en 2015, una instancia al Gobierno Regional a elaborar una Ley Autonómica sobre muerte digna porque somos una de las pocas comunidades que no hemos regulado este derecho.#PlenoAsamblea pic.twitter.com/oT4LDLUKg8

— Podemos R. Murcia (@podemosmurcia) 20 de septiembre de 2018

Si bien, ha dicho la diputada de Podemos, Partido Popular y Ciudadanos han puesto por delante sus creencias religiosas y valores morales e ideológicos y se ha olvidado de todos esos murcianas y murcianos “que sufren la enfermedad y que no tienen ningún tipo de esperanza”.

PP y Ciudadanos han negado a esta Región el tener una legislación que ya contemplan en la mayoría de territorios del país y que pasa por dejar bien claro cuál es la autonomía del paciente cuando se da a conocer al enfermo derechos como negarse a recibir un tratamiento. Según ha detallado García Navarro, lo que se quería conseguir es que el personal sanitario informase “correctamente al paciente sobre sus opciones y también sobre alternativas a los tratamientos prescritos. Al enfermo se le reconoce el derecho a dejar un testamento vital en el que decida dónde quiere morir, quién quiere que le acompañe en esos últimos momentos y, si ocurre en el hospital, que se respete su intimidad en una habitación privada. También le garantiza el acceso a cuidados paliativos”.

Por último, María Ángeles García Navarro ha recordado que en relación a este proceso final de la vida, en la Región de Murcia, lo único que existe desde 2006 es una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente “lo que se denomina el testamento vital contenido en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002. Pero ni tan siquiera se ha hecho un esfuerzo institucional para extender este derecho, incumpliendo sistemáticamente la administración su obligación de informar, porque se puso en marcha hace 12 años y apenas algo más de 4000 personas se han registrado”.