PP-PSOE-Ciudadanos rechazan crear un registro de bancos que operan en paraísos fiscales para impedir que puedan colaborar con la Administración regional - Podemos Región de Murcia

PP-PSOE-Ciudadanos rechazan crear un registro de bancos que operan en paraísos fiscales para impedir que puedan colaborar con la Administración regional

El diputado regional, Antonio Urbina, ha señalado que el día que el fiscal jefe anticorrupción, el señor Moix, dimite por “mentir sobre sus empresas en paraísos fiscales, el resto de partidos de la Asamblea Regional decide impedir que se pueda realizar un Registro de Entidades Financieras para que se sepa cuáles operan en paraísos fiscales, o han sido condenadas por blanqueo de dinero y así impedir que colaboren con la Administración de la Región de Murcia”

Urbina ha explicado que hay más de 65.000 millones de euros de dinero público que se han transferido a “entidades bancarias cuyos principales dirigentes se sientan en el banquillo de los acusados. Muchas de estas entidades continúan con prácticas que generan un grave perjuicio a las personas, como son cobro de intereses abusivos, aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas, venta engañosa de participaciones preferentes, o hacer de intermediarios para la creación de empresas opacas en paraísos fiscales”.

Por ello, desde Podemos, queríamos “que en ese Registro de Entidades Financieras se tuviera en cuenta a la hora de contratar con la Administración el hecho de no haber desahuciado a personas que no tienen otra alternativa habitacional propia en los últimos 3 años”. Además de garantizar, ha dicho Antonio Urbina, “que cumplen con las sentencias judiciales nacionales y comunitarias sobre cláusulas suelo, devolución de todas las cantidades cobradas por su aplicación desde la firma de cada operación de financiación, y ausencia de todas las cláusulas suelo de sus actuales contratos de préstamo”.

Urbina también ha asegurado que tanto PP, como PSOE como Ciudadanos se han negado a que en el Registro se tenga en cuenta el hecho de que las entidades financieras “no estén ubicadas ni pertenezcan a ningún grupo financiero con oficinas situadas en paraísos fiscales. Incluso, se han negado a tener en consideración que no hayan sido condenadas en firme por incumplir la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los últimos 10 años”.