Podemos y los técnicos de Hacienda reclaman centrar los esfuerzos de la inspección “en las grandes fortunas y no en pymes y trabajadores”

El diputado autonómico Rafael Esteban mantiene un encuentro con José María Mollinedo, secretario del sindicato de los técnicos de Hacienda, y denuncia que “la factura de la evasión fiscal de las rentas más altas la acaban pagando los servicios públicos”

La crisis generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes. Durante el confinamiento, cada día se repetían las imágenes de vecinos y vecinas asomados a las 20h a los balcones para homenajear a quienes estaban en primera línea de combate contra el virus. Sin embargo, en la Región de Murcia, ese apoyo popular no ha tenido traducción en la gestión del Gobierno regional. Así lo ha denunciado esta mañana Rafael Esteban, diputado autonómico de Podemos, quien ha mantenido una reunión con el secretario de Gestha (sindicato de los técnicos de Hacienda) para compartir opiniones acerca de la situación fiscal de la región. Esteban ha explicado que la política tributaria de López Miras “es incapaz de generar recursos suficientes”, ya que “apuesta por favorecer al 7% de la población más rico, con exenciones fiscales y supresiones de los impuestos que les afectan”,  mientras que “el 93% restante ve cómo se condena a la degradación a los servicios públicos”.

El diputado morado ha comparado esta política de impuestos bajos y servicios públicos cada vez menos eficaces con la actitud del Gobierno de España, donde Unidas Podemos tiene “muy claro que hay que reorientar la política tributaria”, para lo que “se está trabajando con los expertos”, diseñando “una reforma tributaria a fondo que ya se deja ver en los Presupuestos Generales del 2022 con el establecimiento del 15% como mínimo en el impuesto de sociedades”. Esteban ha explicado que con este compromiso del ejecutivo central se logra “equiparar lo que pagan las pequeñas empresas y las pymes a lo que pagan las grandes empresas” que mediante “mecanismos de elusión, hurtan a la recaudación tributaria del Estado decenas de miles de millones de euros cada año”.

Por su parte, el secretario del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, ha destacado que la recaudación a nivel estatal está “unos 70 mil millones de euros por debajo de la media de la Unión Europea. Esto se debe especialmente a la evasión fiscal de las grandes fortunas, que utilizan mecanismos legales e ilegales para evitar pagar lo que les corresponde. Mollinedo ha considerado que “es normal” que con este dato “tengamos 55 mil millones de euros de déficit en las políticas que forman el Estado del bienestar en nuestro país”. Una falta de ingresos que, según asegura el secretario de Gestha “supone también un menoscabo de las políticas sociales”. Además, ha señalado que la mitad de esos 70.000 millones de euros que no son recaudados “provienen de la economía sumergida”, que supone un volumen de 38.500 millones que dejan de entrar a las auras públicas anualmente. La otra mitad “se evapora por los desagües de la evasión”. Mollinedo ha asegurado que se trata de “una cantidad ingente de dinero” que equivaldría a “los fondos no recuperables de Next Generation”, es decir a “esa cantidad tan brutal de dinero que ahora va a modificar el modelo económico del país”. Mollinedo ha señalado que ese impulso a los servicios públicos que supone la inversión que el Gobierno de España está haciendo en los servicios públicos y en el mantenimiento del empleo para superar la crisis “lo podríamos sostener cada dos años sólo recaudando lo que hoy se va en evasión fiscal, sin necesidad de subir los impuestos a quienes actualmente ya pagan”. Mollinedo ha insistido en que “mientras esto se logra”, el Ministerio de Hacienda debería permitir “de una vez por todas” a los funcionarios que tienen las competencias para “investigar, liquidar y promover sanciones” poner la lupa sobre los principales actores de la evasión, es decir, “las grandes multinacionales, los grupos empresariales y las personas con mayores fortunas del país”, en lugar de tener “al 83% de los inspectores investigando a trabajadores y pequeñas y medianas empresas que olvidan alguna partida en su declaración de la renta”.