Podemos y la Plataforma de Atención Temprana aseguran que la nueva Ley “deja fuera a familias que tendrán que recurrir a instituciones privadas”

La portavoz de la formación, María Marín, ha mantenido una reunión con Julio Pérez López, catedrático  investigador principal del Grupo de Investigación en Atención Temprana del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia, quien considera que la futura norma “se basa en fundamentos obsoletos que no tienen en cuenta la atención integral a las familias”

La Atención Temprana contará con una nueva ley autonómica que regule este servicio en la Región de Murcia. Durante las últimas semanas, a pesar de que el proyecto lleva paralizado años, el Gobierno regional ha acelerado el proceso, intentando aprobarlo primero por decreto y después por lectura única, es decir, sin dar audiencia a los colectivos de profesionales, usuarios y familiares para que aporten su experiencia y demandas a la ley, una imposición que finalmente tuvo que ser retirada por la presión de las asociaciones. Para la portavoz regional de Podemos, María Marín, las “prisas” de la Consejería de Política Social “no se deben a que se hayan dado cuenta de lo urgente que es regular la atención temprana”, sino que responden al “intento por privatizar por la puerta de atrás un servicio que hasta hoy es público y cuenta con excelentes profesionales”. Con el objetivo de analizar a fondo la ley de la mano de los profesionales y de los colectivos que mejor conocen el servicio, Marín ha mantenido un encuentro con el catedrático Julio Pérez López, investigador principal del Grupo de Investigación en Atención Temprana del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia. Pérez López ha explicado a Marín que la propuesta “parte de un error de planteamiento”, ya que “se basa en unos fundamentos obsoletos de la atención temprana, en los que sólo se tienen en cuenta la discapacidad o la rehabilitación”. Para el catedrático, “ese enfoque estaba bien el siglo pasado”, pero hoy “la perspectiva ha cambiado hacia la prevención”, por lo que el punto de inicio “debe estar en el pediatra”, intentando de esta manera “evitar que aparezcan alteraciones en el desarrollo”.  Además, Pérez López ha trasladado a la portavoz de Podemos la necesidad de que la futura ley “reconozca el papel básico y fundamental de las familias en todo el proceso de atención temprana”, mientras que “en el proyecto de ley las familias quedan totalmente fuera”. Para el investigador, el enfoque basado únicamente en el niño, “dejando fuera su entorno más cercano, la familia, es un error”.

Por otra parte, el experto de la Universidad de Murcia y la portavoz de Podemos han coincidido en destacar que el proyecto de ley trae consigo la duplicidad de servicios, algo que burocratizará y complicará el acceso aún más, generando listas de espera y cuellos de botella. No sólo eso, sino que además Pérez López ha asegurado que los protocolos que fijará la nueva normativa “se basa en intervenciones fragmentadas, cuando se debe tener en cuenta la globalidad del menor”.

Pero sin duda, lo que ha disparado las alarmas de la Plataforma de Atención Temprana y de ATEMP, ha sido la modificación de los baremos, “basados en un criterio de elaboración fundamentalmente psicopedagógico” de necesidades educativas especiales que “no tienen en cuenta los factores de riesgo ni introducen parámetros de prevención”. Según Pérez López, con este cambio “hay familias que actualmente reciben atención temprana que, de aprobarse esta propuesta de ley, van a quedar fuera de los baremos” y que por lo tanto “van a tener que acceder a centros privados para poder dar a sus hijos e hijas la intervención que necesitan”.

Por su parte, la portavoz de Podemos ha criticado que el Gobierno regional “no se haya sentado a escuchar a expertos y a colectivos, tal y como estamos haciendo desde Podemos, antes de atreverse a presentar un proyecto de ley que recorta derechos y limita un servicio público tan importante como este, mediante el que se detectan alteraciones en el desarrollo de niños y niñas, interviniendo lo antes posible y evitando problemas mayores en el futuro”. Para Marín, este hecho es el que demuestra que el interés de la vicepresidenta Isabel Franco, consejera tránsfuga de Política Social, “no es mejorar la atención temprana ni dar respuesta a las demandas y necesidades de las familias”, sino que “sólo es otro intento privatizador”, buscando que las empresas habituales de la red clientelar del Gobierno regional se hagan con el servicio, “dejando fuera a los niños y niñas de las familias que no puedan permitirse la asistencia privada”. La diputada ha reiterado que desde Podemos “van a seguir llevando todas las reivindicaciones de la Plataforma de Atención Temprana y de ATEMP hasta la Asamblea, apostando por la retirada de esta ley y la elaboración de un nuevo texto que sí dé respuesta a las necesidades reales de los centros, de los usuarios y de los profesionales de la Atención Temprana”.