Para la formación morada en la Región de Murcia, la operación del sábado día 13 de enero en Cieza, donde intervino un amplio despliegue de Policías Nacionales y que se orientó al registro de pequeños negocios regentados por ciudadanos magrebíes “tuvo un marcado carácter racista ya que por el hecho de ser magrebí se era sospecho”.

El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha tachado de “macrorredada racista” la operación llevada a cabo en el municipio de Cieza en busca de “potenciales delincuentes cuya pista principal, para el Delegado del Gobierno, era ser ciudadano extranjero y del Magreb”.

En este sentido, ha afirmado que la macrorredada del sábado en Cieza siguió “un perfil étnico al centrarse exclusivamente en calles y establecimientos regentados por magrebíes, y ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo está en estos momentos estudiando la legalidad de esta práctica habitual en España” por lo que “esta macrorredada supone una violación de sus derechos y es una práctica policial discriminatoria que sufre una parte de la población: todas aquellas personas no originarias de Europa”.

Del mismo modo, la Secretaria de Derechos de Sociales y de la Ciudadanía en Podemos Región de Murcia, María Marín, ha indicado que la situación de España contrasta con las resoluciones judiciales de otros países europeos, y ha puesto como ejemplo que la Corte de Casación francesa sentenció que los controles policiales basados en perfil étnico son ilegales, y también en Suecia se ha condenado por perfil étnico al gobierno por establecer y mantener un registro de personas de etnia gitana.

Por su parte, desde la formación política municipal Cieza Puede, Pilar Martínez ha denunciado la situación de alerta e incertidumbre innecesaria que se creó en Cieza, donde muchos ciudadanos se sintieron desconcertados ante lo que estaban presenciando en las calles de la localidad, y así lo manifestaron en las redes sociales.

Desde Podemos Región de Murcia se apuesta por la necesidad de erradicar esta práctica policial tan extendida por el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia “que discrimina y criminaliza a sus víctimas”.