Dirección General Medio Ambiente

Podemos solicita la readmisión inmediata del personal cesado en la Dirección General de Medio Ambiente

 

María Marín: “Cuando más necesario es reforzar la protección del Mar Menor, el consejero Luengo y López Miras llevan a cabo una purga para que nadie moleste a los que contaminan”

Un nuevo escándalo sacude la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF e Intersindical mostraron ayer su indignación por el cese de más de treinta interinos de la Dirección General de Medio Ambiente, lo que deja a la Comunidad Autónoma sin capacidad de vigilar y sancionar a quienes contaminan y agreden al patrimonio ecológico común de todos los ciudadanos y ciudadanas.

A este respecto, la portavoz regional de Podemos se ha sumado a las críticas de los sindicatos y ha considerado que estamos ante “una purga encaminada al desmantelamiento de la institución encargada de garantizar la defensa del medio ambiente y perseguir ilegalidades como vertidos o cultivos ilegales».

Marín ha señalado que llama la atención que “justo cuando más necesario es reforzar la protección del Mar Menor”, el consejero Antonio Luengo y López Miras “llevan a cabo una purga para que nadie moleste a los que contaminan”.

Con esto queda demostrado, según la portavoz de Podemos, que el Gobierno regional “no tiene ninguna voluntad de cumplir las medidas anunciadas en las últimas semanas”, ya que “no se cumplirán ni servirán para nada si no hay personal para asegurar que son llevadas a cabo”.

Además, la diputada de Podemos ha anunciado que su formación exigirá a Luengo que comparezca en la Asamblea Regional para dar explicaciones por este proceso de depuración. Para Marín, es evidente que “algo no cuadra” cuando hace tan sólo una semana, el consejero anunciaba que se reforzarían las inspecciones en el campo y acto seguido despide a decenas de trabajadores de la Consejería.

La diputada ha asegurado que la única explicación posible para esta sucesión de hechos es que para el gobierno de López Miras “los funcionarios de Medio Ambiente son testigos incómodos”, razón por la que “llevan años detrás de externalizar este servicio público, como ya propusieron en la llamada ley del ARCA”, una propuesta que fue “tumbada por los propios servicios jurídicos de la Asamblea”.

Con el cese de los 30 trabajadores y trabajadoras de la Dirección General, se acerca el que según Marín es “el gran anhelo del Partido Popular”, dejar la protección del Medio Ambiente “en manos de una empresa amiga, que haga el trabajo sucio que un funcionario de carrera nunca haría”.

Por otra parte, la portavoz de Podemos ha señalado que el 80% de las inversiones prometidas para la regeneración del Mar Menor no se han llevado a cabo, “aunque vengan recogidas todos los años en los presupuestos”.

Marín ha recordado que el pasado mes de junio, la propia directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, reconocía que no cuenta con personal en su departamento para actuar, lo que constituye “una nueva prueba de que para el Gobierno regional, todo lo relacionado con la protección del Mar Menor es pura fachada, vacía de contenido y sin capacidad alguna de actuación”.

A esta comunicación interna, se suma otra conocida que pone de manifiesto la inacción de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente a la hora de controlar a los piratas del agronegocio, y que, según Marín, “explica cómo es posible que a día de hoy no se haya eliminado ni una hectárea de regadío ilegal, y que además se siga roturando tierras de secano para convertirlas en regadíos intensivos sin ningún tipo de autorización”.

La comunicación interna realizada por el propio personal de la Consejería demuestra que los propios técnicos de Medio Natural “no saben qué hacer”, porque las Direcciones Generales de Agricultura y Agua “se lavan las manos y miran a otro lado”.

Marín ha mostrado su apoyo al funcionario que ha solicitado instrucciones a Luengo y ha advertido al consejero que estarán “vigilantes para que este trabajador no sea también víctima de una nueva purga”.

La Región de Murcia se ha convertido en un lugar peligroso para los profesionales que velan por nuestro patrimonio natural y cumplen con su deber.