Podemos pide garantizar la participación en la ley regional de vivienda

María Giménez ha señalado que, tras la iniciativa que se ha aprobado este jueves en la Asamblea, el gobierno tiene el mandato de incluir a la PAH en el Consejo de Vivienda, en el Servicio de Mediación y abrir un proceso participativo para que puedan estar en la elaboración del reglamento y convenios que salgan de las disposiciones finales de la ley.

Giménez ha dicho que el problema de la vivienda en la Región de Murcia “es complejo y requiere medidas eficaces. Esto pasa por incorporar a la toma de decisiones a los que más pueden aportar, que son los afectados por las hipotecas, la PAH. Esto es además un derecho que adquirieron los colectivos, con la ley, que deben ser consultados para desarrollar las bases de una ley aprobada por mayoría en esta Asamblea”.

Por eso, ha asegurado la diputada de Podemos, “exigimos al gobierno regional del PP que asuma su responsabilidad puesto que cada vez que en esa Región hay un desahucio, este es responsabilidad directa de López Miras”.

María Giménez ha echado en cara al PP “la dejadez con la que actúa a la hora de poner a funcionar la ley de vivienda. Lo único que ha hecho ha sido publicar en la web del Portal de Transparencia un proceso de consulta pública previa online del Proyecto de Decreto de desarrollo, proceso que finalizó el pasado 6 de noviembre”.

Un gobierno responsable, ha subrayado la diputada de Podemos, “tras el espaldarazo que dio el Constitucional a la ley, ya hubiera comenzado a escuchar a los colectivos para hacer la mejor aplicación posible. En vez de eso, publican  un borrador imperfecto, incompleto y claramente insuficiente. Si tenemos en cuenta que hablamos de derechos reconocidos al más alto nivel en la Constitución, la manera como han gestionado ustedes este asunto es muy preocupante, es negligente”.

De ahí, que María Giménez haya hecho hincapié en que el gobierno debe “ponerse manos a la obra y recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guardan relación directa con su objeto mediante un adecuado proceso de participación”.