Víctor Egío, diputado autonómico de la formación, denuncia que la negativa de López Miras a hacer cumplir la ley, “está causando que haya empresas que siguen cobrando estos gastos a los inquilinos y que llegan a insultar a los clientes que piden que se les aplique la nueva normativa”

Las redes sociales están destapando los abusos contra los inquilinos de viviendas en alquiler. El último de ellos ha sido un caso en Murcia en el que una chica denuncia, mediante pantallazos de móvil con la conversación con la propia inmobiliaria, que pretendían hacerle pagar los gastos de gestión, aunque según marca la nueva Ley de Vivienda –en vigor desde el pasado 26 de mayo-, es ilegal que este cargo corra a cuenta del cliente. Víctor Egío, quien dentro de unos días tomará posesión como diputado de Podemos en la Asamblea Regional, ha responsabilizado esta mañana al Gobierno autonómico de esta situación, ya que, en la conversación hecha pública entre inmobiliaria y clienta, la empresa se escuda en que López Miras ha asegurado en medios de comunicación que no piensa aplicar la Ley Belarra en la Región de Murcia. Para Egío, “lo más vergonzante” es que, llegando incluso más lejos, la representante de la empresa llega a insultar –llamando “roja”- a la posible clienta cuando ésta le recuerda que es ilegal que le hagan pagar los gastos de gestión al inquilino.

Ante esta situación, desde Podemos han anunciado que no van a quedarse “de brazos cruzados”. El futuro diputado autonómico ha pedido a la Fiscalía que “actúe de oficio contra las compañías que traten de vulnerar la ley y abusar de los inquilinos” y que “caiga todo el peso de la ley” sobre quienes considera “auténticos piratas inmobiliarios”. “La ley Belarra de vivienda supone un gran avance para las familias, ha llegado para quedarse y no vamos a dar ni un solo paso atrás en su cumplimiento”, ha asegurado.

La Ley de Vivienda ha sido uno de los principales caballos de batalla de Podemos durante toda la legislatura. Finalmente, a las puertas de la campaña electoral, el PSOE aceptó sacar adelante esta normativa –aunque menos ambiciosa finalmente de lo que pretendían los morados-, y con su entrada en vigor el pasado 26 de mayo, se ha puesto en marcha la primera regulación sobre este asunto en toda la etapa constitucional. Entre los nuevos derechos que reconoce, además de la citada obligación de las inmobiliarias a no repercutir los gastos de gestión sobre los inquilinos, se encuentra la limitación de la subida de alquileres en las zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que el precio más se ha disparado en los últimos años. Una medida que depende de las Comunidades Autónomas y que López Miras ya ha anunciado que no aplicará en la Región de Murcia, lo que, tal y como recuerdan desde Podemos, no excluye a las empresas del cumplimiento del resto de la normativa.