Podemos lamenta que las víctimas del amianto dependan ahora del forense para el reconocimiento de esta enfermedad laboral - Podemos Región de Murcia

Podemos lamenta que las víctimas del amianto dependan ahora del forense para el reconocimiento de esta enfermedad laboral

Andrés Pedreño, diputado regional, ha explicado que los afectados por el amianto han impugnado el convenio de la Consejería de Salud por el que se deriva la demostración de enfermedad profesional a la medicina forense. Esto es un acto del gobierno del PP “que denigra a las familias afectadas y les obliga a continuar con el calvario de la invisibilidad de su tragedia”.

Pedreño ha contado que el BORM ha publicado el convenio de la Consejería de Salud con el Ministerio para que las autopsias de los trabajadores fallecidos por esta enfermedad sean realizadas por un médico forense. Esto significa, ha dicho el diputado de Podemos, que para que el forense mande los resultados a un hospital y se pueda analizar si la persona ha fallecido por su relación con el amianto, “tiene que ser su familia la que pida en un Juzgado que el forense realice la autopsia”.

Si bien, como ha dicho Andrés Pedreño, la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto, APENA, ha denunciado reiteradamente que “muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, ni siquiera saben que han estado expuestos, por tanto, dada esa carencia de información, no pedirán esa prueba al forense, y a los que lo conozcan, les obliga a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar necropsias”.

Pedreño ha incidido en que esta situación es una “anomalía” en el conjunto de España, pues en el resto de comunidades autónomas las autopsias se hacen “por la vía clínica, es decir, son pedidas y realizadas, con permiso de la familia, en el mismo hospital por su Servicio de Anatomía Patológica”.

Por tanto, como ha asegurado el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Andrés Pedreño, “apoyaremos cualquier iniciativa que lleve a cabo APENA. No entendemos el motivo por el cuál un gobierno condena a sus ciudadanos y ciudadanas a pasar por un infierno cuando se trata del reconocimiento de la muerte de un familiar que es víctima de un accidente laboral”.