La portavoz regional de la formación, María Marín, propondrá en el próximo pleno el compromiso de no derivar a ninguna mujer a centros ubicados fuera de la Región de Murcia, “tanto cuando la interrupción de embarazo se realiza por criterios médicos, como cuando se realiza de forma voluntaria dentro de los plazos estipulados por la ley”

El derecho al aborto debe garantizarse en los hospitales públicos de la región, y si bien la ley garantiza la objeción de conciencia de los profesionales, la sanidad pública debe garantizar que habrá un equipo para atender a las mujeres que lo demanden. #AbortoSeguro pic.twitter.com/Mpw5D7CgPP

— María Marín (@MariaMarinMart) June 22, 2021

La vulneración de los derechos reproductivos conquistados durante décadas de lucha de las mujeres, continúan en cuestión en la Región de Murcia. Tras las graves informaciones que se hicieron públicas en los medios de comunicación sobre el maltrato institucional que sufren aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que son derivadas a clínicas privadas de fuera de la Comunidad Autónoma, donde además se están denunciando casos de violencia obstétrica, Podemos ha exigido que se respeten los derechos de las mujeres y se cumpla la legislación que está vigente en toda España y que ampara y regula la libertad reproductiva. La portavoz de la formación en la Asamblea Regional, María Marín, ha registrado una serie de enmiendas para el pleno del próximo jueves en las que se plantean las principales medidas que el Gobierno de la Región de Murcia debe tomar de forma urgente para acabar con la vulneración de los derechos que la ley garantiza. Derechos que en la Comunidad Autónoma se incumplen, según Marín, debido a que existe “una minoría integrista, apoyada por el Gobierno de López Miras y la ultraderecha, que intenta imponer sus creencias y sus convicciones al resto, como si estas estuviesen por encima de la ley”.

La primera de las medidas que Podemos ha planteado es la creación de un registro en el que deberán inscribirse aquellos profesionales que se quieran acoger a la objeción de conciencia, expresando los motivos por los que rechazan prestar este servicio, anticipadamente, por escrito y de manera individual. Este registro debería estar ya disponible, ya que aparece recogido en la ley, pero en la Región de Murcia nunca se ha puesto en marcha, en “otro claro incumplimiento de la legalidad vigente en España por parte de un presidente regional que se cree por encima del Estado y de las leyes nacionales”. Además, la propuesta realizada por Marín implica que aquellos facultativos que se acojan a la objeción sean destinados a unidades donde no se les plantee ningún conflicto de este tipo. La diputada ha considerado que es incomprensible que habiendo personal capacitado y dispuesto para realizar la interrupción del embarazo, este servicio no se esté prestando de manera que todas las mujeres puedan ser atendidas en su hospital público de referencia”. La enmienda también propone la creación de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva en centros de salud de todas las áreas del Servicio Murciano de Salud,“ a las que las solicitantes de la interrupción voluntaria de embarazo puedan dirigirse para solicitar toda la información necesaria“.

En cuanto al asunto fundamental y que más indignación ha generado, el traslado a clínicas privadas fuera de la Región, la propuesta registrada por la diputada de Podemos obligaría a la Región de Murcia a „no derivar a ninguna mujer a centros ubicados fuera de su Comunidad Autónoma“, haciendo mención expresa “tanto respecto a los casos en los que la interrupción del embarazo se realiza por criterios médicos, como cuando se realiza de forma voluntaria dentro de los plazos estipulados por la ley”. Además, obligaría a “suspender de forma cautelar cualquier vinculación con cualquier centro que haya sido denunciado por víctimas de violencia obstétrica durante un proceso de embarazo, parto o aborto, suspendiéndose cualquier vinculación de forma definitiva si dichas denuncias demostraran ser verdaderas”.

Por último, Marín ha exigido al Gobierno regional que “cese en su guerra contra los derechos sociales y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas”. La diputada ha recordado a López Miras que “existe una legislación que está por encima de él” y le ha reprochado que solo se acuerde de “la unidad nacional para tapar la corrupción con la bandera, pero se olvide de ella cuando España avanza en protección social o libertades individuales como el derecho de una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo”. “Las creencias de cada uno deben quedarse en el ámbito privado. La sanidad y la salud son, en cambio, un derecho público” ha manifestado Marín.