La formación morada denuncia ante la justicia la inacción del IMAS y reclama más inspecciones

➡️27 ancianos fallecidos en la residencia de Cartagena Amavir
➡️100% de usuarios contagiados
➡️45 usuarios afectados en Los Olivos de Cieza
➡️3 inspectores en toda la Región para las residencias y sus 5.000 usuariospic.twitter.com/6D9gbdF7s4

— María Marín (@MariaMarinMart) February 8, 2021

La portavoz regional de Podemos, María Marín, y la concejal de la formación en el Ayuntamiento de Cartagena, Leli García, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la sede del partido en Cartagena. En ella han anunciado la denuncia que Podemos va a presentar en Fiscalía por graves negligencias en la residencia Amavir de Cartagena y en el centro de discapacidad de Los Olivos en Cieza. Marín considera inadmisible que en esta tercera ola se hayan vuelto a producir contagios masivos en residencias y centros para personas con discapacidad. “De nuevo se ha repetido la tragedia: ancianos que mueren solos en residencias, usuarios aislados, separados durante meses de sus familiares y sin ningún contacto social”.

La diputada regional ha señalado que este “drama” no se puede normalizar ni atribuir a la mala suerte. “Estábamos más que avisados”. “Las negligencias denunciadas en el centro de discapacidad de Los Olivos en Cieza son conductas que, en nuestra opinión, van más allá de la mera negligencia y que podrían ser constitutivas de varios delitos contra la Salud Pública”. La formación morada afirma que la información trasladada a la justicia contiene los testimonios del personal de este centro que “cuando se atrevieron a levantar la voz sufrieron fuertes presiones, un presunto acoso que podría vulnerar sus derechos fundamentales como trabajadores”.

Asimismo, Marín considera necesario que se investigue la responsabilidad indirecta “de aquellos que debieron intervenir para atajar esta situación y que no hicieron nada a pesar de las denuncias internas de los trabajadores”, dirigidas tanto a la Directora General de Personas con Discapacidad, Concepción Ruiz, como a la Directora gerente del IMAS, Raquel Cancela y al consejero de Salud, Manuel Villegas.

La atención sanitaria en el centro es prestada desde hace más de una década por la misma empresa. La última concesión data de 2017 y lleva la firma como director del IMAS del hoy secretario general del PP Miguel Ángel Miralles, que antes había sido psicólogo y director del centro. “Pedimos a la justicia que investigue desde cuándo se llevan produciendo estas negligencias en el centro y si ha habido un trato de favor por parte de aquellos que debían controlar su buen funcionamiento y que tienen claros lazos con sus gestores”, ha apuntada la diputada de la formación morada.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Cartagena, Leli García Muñoz, ha recordado que son ya 27 los fallecidos en la residencia Amavir de Cartagena, centro en el que se han contagiado 117 de los 120 usuarios y un gran número de trabajadores. García asegura que los datos reflejan la magnitud y gravedad de los hechos y que, “por una parte, queremos saber si se han respetado los protocolos que obligan a guardar cuarentena a cualquier trabajador o usuario del centro sospechoso de haberse contagiado por Covid-19, así como a rastrear y aislar a sus contactos estrechos”. La extensión del brote parece indicar que algo se hizo mal, “solicitamos a la Fiscalía que llegue hasta el final e investigue la relación entre los hechos denunciados y este brote, el más mortífero de esta tercera ola”.

Podemos afirma que la Consejería de Política Social actualmente cuenta solo con tres inspectores de centros y servicios sociales para un total de 55 residencias de mayores y 53 residencias y pisos tutelados de personas con discapacidad, centros que superan los 5.000 usuarios. Para Marín, esta es la clave de la “gran farsa” del modelo de conciertos y adjudicaciones que ha “montado el Partido Popular en los últimos 25 años”. “No hay recursos, ni capacidad, ni tampoco voluntad para fiscalizar estos conciertos y adjudicaciones. Sin inspecciones suficientes lo único que está garantizado son los beneficios de las empresas que hacen negocio en el sector, no el bienestar y la salud de nuestros mayores y personas con discapacidad”.

Finalmente, la diputada regional ha recordado que el PP, Ciudadanos, Vox y el propio presidente regional, Fernando López Miras, rechazaron el pasado mes de noviembre crear una Comisión de Investigación en la Asamblea sobre lo ocurrido en las residencias. “Es un insulto a las víctimas y a sus familiares. No vamos a tirar la toalla. Como en el escándalo de las vacunas, nos queda el recurso a la Fiscalía y esperamos que la justicia ponga a cada uno en su lugar”.