Estamos ante un caso de tráfico de influencias de manual y los cargos públicos vacunados se han aprovechado de su posición.

Esta mañana, Podemos Región de Murcia ha presentado ante la Fiscalía una denuncia para llegar al fondo del escándalo de las vacunas.

La portavoz regional del partido, María Marín, ha considerado que los casos conocidos hasta el momento no constituyen sólo un error humano o una conducta poco ética, sino que además se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política.

No basta con la dimisión. Con la denuncia pretenden que el fiscal investigue qué personas tomaron las decisiones que han llevado a vacunar a los altos cargos y no a las personas prioritarias. Además de que determine si esas personas han cometido algún delito.

Marín ha recordado que en este escándalo se han visto implicados el consejero Villegas y su equipo de altos cargos, así como la alcaldesa de Molina y al médico que la ha vacunado indebidamente.

Los cargos políticos y los funcionarios no están para hacer favores, y menos cuando hay vidas en juego. En este caso no son favores personales, sino que estamos ante casos de tráfico de influencias que debemos desterrar de nuestra sociedad.

La portavoz regional de Podemos ha destacado que el código penal prohíbe a cualquier funcionario o autoridad utilizar su cargo para obtener cualquier tipo de beneficio (art. 428 Código Penal), como el que aquí ha habido.

El consejero Villegas y los altos cargos de la Consejería de Salud podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.

Podemos pretende con su denuncia que se investigue si la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud actuaron de forma arbitraria, montando su propia campaña de vacunación VIP a sabiendas de que su actuación era injusta y contraria a la ley.

Podemos ha denunciado también la violación de los principios más elementales de cualquier acción en salud pública, como son el principio de equidad y el principio de transparencia (art. 3).

Esta denuncia puede tener graves consecuencias para aquellos que presuntamente han utilizado su cargo público para acceder a la vacunación antes de lo que les correspondía.

Dependiendo de la gravedad del daño producido se enfrentan a multas que van de los 3.000 hasta los 600.000 euros.

Desde Podemos vamos a seguir reclamando ejemplaridad. No vamos de farol como algunos, ni pedimos dimisiones a la carta, según el color del carnet. Todos los altos cargos que hayan participado de este escándalo sobran en política sin excepciones.