Atención Temprana

Podemos anuncia que asume todas y cada una de las enmiendas de la Plataforma de Atención Temprana al proyecto de ley

María Marín defiende “una ley y un modelo muy distintos al de Isabel Franco y este Gobierno regional” y asume “el que defienden los familiares y los profesionales de la Atención Temprana»

La Región de Murcia está a punto de contar con una Ley de Atención Temprana. Sin embargo, lejos de contentar a los profesionales y a las familias usuarias de este servicio, la norma que pretende ser aprobada en la Asamblea Regional cuenta con su oposición frontal.

 

Así lo han expresado durante las últimas semanas los diferentes expertos y miembros de colectivos y plataformas del sector, quienes han criticado la falta de participación y de diálogo con quienes mejor conocen este asunto. Ante este panorama, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha anunciado que desde su formación van a asumir y a defender “como propias todas y cada una de las enmiendas de la Plataforma de Atención Temprana de la Región de Murcia” a la nueva Ley que se está tramitando en la cámara autonómica.

La diputada morada ha criticado que la ley que ha salido desde la consejería de Isabel Franco “quiere imponer un modelo que no cuenta con consenso alguno y que ya nace destinado al fracaso”. Desde Podemos apuestan por el contrario por “el modelo que defienden las familias y los profesionales”, rechazando así unos baremos que “no tienen en cuenta la prevención” y que van a dejar fuera “a muchas familias con niñas y niños prematuros”. 

 

Marín ha denunciado que, de aprobarse la ley tal y como está redactada, “se generarán listas de espera burocratización excesiva de una atención que sólo tiene éxito si es urgente”. Precisamente este punto relacionado con los tiempos de demora para recibir ser atendidos por un profesional es que el lleva a la portavoz de Podemos a considerar que se trata de “una privatización encubierta de la atención temprana”, ya que “todas aquellas familias que puedan permitírselo, acudirán a una institución privada para acelerar el proceso y evitar que se retrase un posible diagnóstico y tratamiento”, quedando así el servicio público “relegado a una suerte de beneficencia para quienes no tengan suficientes recursos”, y convirtiendo “un derecho en un negocio para que las empresas de la red clientelar del Partido Popular hagan dinero con la salud de los más pequeños”.

Marín ha animado a las plataformas y asociaciones de familias y profesionales a continuar con las movilizaciones y reivindicaciones, y se ha mostrado convencida de que finalmente se logrará “ganar esta batalla y contar con un servicio público a la altura de lo que merecen las familias de nuestra Región”.