No al cierre del juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Javier - Podemos Región de Murcia

No al cierre del juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Javier

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos, ha señalado que eliminar el servicio del juzgado de San Javier sobre Violencia sobre la Mujer va a afectar “negativamente” a muchas mujeres, a sus hijos e hijas, puesto que el camino debe ser el de “acercar la justicia a la víctima, no al revés, para evitar así añadir más complejidad a la difícil situación a la que se enfrentan. Por ello, pedimos la especialización de San Javier a través de más medios materiales y humanos”.

Sánchez Serna ha explicado que lo que se pide es que se lleve a cabo en San Javier un proceso de “especialización, formación o dotación de recursos suficientes para responder de forma íntegra a los casos de violencia machista, al igual que se ha llevado a cabo en otros partidos judiciales como en el de Torrevieja, con una carga de trabajo inferior a la del municipio murciano”.

En este sentido, ha incidido en que si se llevara a cabo esa especialización, debería desarrollarse un plan de atención integral a la afectada “que cubriera tanto el transporte desde cualquier sitio y a cualquier hora, para denunciar o para llevar a cabo un juicio rápido, como el resto de servicios de atención a la afectada de manera inmediata”. Sin olvidar, ha dicho Javier Sánchez Serna, “la dotación de más personal capaz de afrontar más expedientes. Pedimos a más jueces especializados en esta materia y los recursos humanos que les acompañan”.

Como antecedentes, la concejala de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia propuso la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena para que sea este el que asuma los asuntos que se llevan en la actualidad desde el mencionado juzgado de San Javier, que atiende a día de hoy a las víctimas de municipios de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. Si bien, ha remarcado es una visión “exclusivamente estadística del problema. Recorta derechos a las mujeres y se olvida de las víctimas, mujeres que ya de por sí son muy vulnerables y favorece la sobrecarga y el colapso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena”.

También ha puesto de relieve que esta PNL es fruto de la presión social ejercida por la recién creada Plataforma Justicia Cercana a Nosotras, integrada por toda la sociedad civil del municipio de Cartagena y por Ciudadanos, Psoe, Equo, Izquierda Unida y Podemos. La Plataforma considera esta comarcalización como una grave dejación de funciones de la administración de justicia en nuestro territorio, ya que “estamos cansadas de hacer minutos de silencio por nuestras mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista”.

El motivo para el TSJ, según el parlamentario de Unidos Podemos, es que el Juzgado de Violencia de Cartagena no alcanza los módulos de entrada vigentes en la actualidad aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, ha dicho, “tras conocer la realidad de este Juzgado se evidencia que los números, sin ser bajos, previsiblemente puedan aumentar en el futuro por el incremento de los delitos que son competencia de estos juzgados, como los quebrantamientos o los delitos de acoso”.

En este sentido, Sánchez Serna ha subrayado que, además de los perjuicios para las mujeres que residen en los municipios que engloba el Partido Judicial de San Javier, vamos a tener “un aumento de la carga de trabajo para el Juzgado de Cartagena, incrementando los procedimientos tanto civiles como penales, dando lugar a la prolongación en el tiempo de la respuesta judicial, y perjudicando, por tanto, también a las víctimas que ya están dentro de la jurisdicción de este Juzgado”.

El diputado de Unidos Podemos encargado de defender la PNL, es Eduardo Santos, quien ha alertado junto con Javier Sánchez Serna de que el incremento de procedimientos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena llevaría consigo también “el colapso” de los servicios que trabajan en coordinación con el Juzgado, como son el Punto de Encuentro Familiar y el Gabinete Psicosocial, así como los Servicios Sociales, el CAVI y la Policía Municipal de Cartagena, “quienes tendrían que asumir la atención y protección de las mujeres y de sus hijos mientras se encontrasen en el municipio, así como su acompañamiento y posterior traslado a sus domicilios”.