Artículo de opinión publicado por María Marín en el periódico regional La Verdad

Ayer finalizó el periodo de sesiones en la Asamblea Regional. Tras cuatro años en los que la cámara autonómica ha sido demasiadas veces noticia por asuntos sonrojantes, cuando no indignantes, el presidente de la institución, Alberto Castillo, pretendía poner el broche final a su mandato con una entrega de medallas acreditativas a cada uno de los diputados y diputadas. También a quienes abandonaron los partidos por los que habían sido elegidos a cambio de consejerías en el Gobierno regional y otras prebendas. No ha podido ser. Castillo no ha tenido más remedio que desistir y retirar el punto ante la negativa de varios miembros de la Asamblea, entre quienes me incluyo, a aceptar ningún reconocimiento de manos de un tránsfuga.

🟣En esta legislatura, absolutamente inservible para los intereses sociales de la Región, la indecencia ha tocado fondo.

🗣️Así lo explica @MariaMarinMart: "No hay medalla que pueda tapar este bochorno" pic.twitter.com/jYDuvEBw7M

— Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) March 29, 2023

El transfuguismo representa lo peor de la política. En democracia, los cargos públicos somos representantes de la ciudadanía. Cuando alguien que ha sido elegido por una lista se cambia de filas y traiciona la voluntad de los votantes, está cometiendo un acto de deslealtad y pervirtiendo el sistema democrático. Alberto Castillo, junto a otros seis diputados y diputadas, ocupan hoy un escaño sin representar a nadie más que a ellos mismos. También es el caso de la Vicepresidenta Isabel Franco o de la consejera Valle Miguélez, ambas procedentes de las listas de Ciudadanos y hoy diputadas sin partido. Otra diputada sin partido es Mabel Campuzano, quien tuvo el dudoso honor de ser la primera consejera de ultraderecha de toda España, ya que provenía de las filas de Vox.

Esta legislatura estará siempre marcada por el transfuguismo, pero no ha sido el único hecho vergonzoso que nos ha tocado soportar. En plena pandemia, cargos del Partido Popular se colaron para vacunarse contra la Covid, pasando por delante de personas mayores o de profesionales de la sanidad expuestos al virus. Cuando presentamos una propuesta para crear una Comisión de Investigación que aclarase lo sucedido, el Partido Popular y la ultraderecha la vetaron. Tampoco nos dejaron consultar la lista de altos cargos vacunados. También, durante la pandemia, el Gobierno regional utilizó de forma habitual el mecanismo de los decretos para paliar los efectos de la Covid como paraguas para modificar leyes de control ambiental, dejando un marco legislativo que desprotegía la naturaleza y abonaba el terreno para nuevos pelotazos urbanísticos. Fue también en la Asamblea Regional donde PP, Ciudadanos y PSOE firmaron el conocido “pacto del nitrato” al aprobar una Ley de Protección del Mar Menor que legalizaba los vertidos procedentes de las multinacionales del agronegocio.