María Marín: “No es tiempo de más privatizaciones, sino de reforzar nuestras residencias públicas de mayores”

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional denuncia las “graves carencias” en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, la “nefasta gestión de las becas de comedor escolar” durante el confinamiento y la “carencia de protocolos” para tratar los casos de violencia machista

Esta mañana, la Asamblea Regional ha sido escenario de la comparecencia de la vicepresidenta de la Región de Murcia, Isabel Franco. En esta sesión, la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha exigido explicaciones sobre la gestión que se está realizando durante la crisis del coronavirus en las materias de política social, familia, LGBTI e Igualdad, áreas gestionadas por Franco. La diputada de Podemos ha recordado a la vicepresidenta que cuando se trata de la pandemia “no hablamos de cifras y fechas, hablamos de personas”, y ha asegurado que se trata de “personas que han echado en falta en la gestión de esta crisis una atención personal, una voz, la presencia física del Gobierno Regional al otro lado”.

Marín ha comenzado su intervención transmitiendo las condolencias de su grupo a los familiares de las personas que han perdido su vida por el coronavirus y agradeciendo al personal sanitario, en especial al personal de nuestras residencias de mayores y centros ocupacionales “el trabajo que están realizando en condiciones muy duras”. La portavoz de Podemos ha afeado a Franco la tardanza en rendir cuentas y ha asegurado que “ha estado un mes y medio prácticamente desaparecida de la escena pública, algo que no es de recibo en cuando se vive una crisis de esta naturaleza”. Marín ha señalado que desde que se detectaron los primeros contagios en la residencia Caser, el 21 de marzo y hasta el 8 de abril, “en los momentos de mayor incertidumbre”, ni siquiera los medios pudieron preguntarle por “aspectos clave de la gestión de esta pandemia que son directamente de su competencia”. La diputada ha lamentado el fallecimiento de 60 personas hasta el pasado día 19 de abril, “prácticamente la mitad del total de víctimas mortales”, y ha señalado que todo ello con apenas cuatro residencias y un centro ocupacional (Caser en Santo Ángel, Sergesa en Santomera, Altavida en Abanilla, Orpea en Cartagena y el centro ocupacional para personas con discapacidad de Churra) afectados por el virus en la Región. Marín ha reprochado a la vicepresidenta que el día 18 de marzo asegurase que “no había ningún caso de contagio, ya que habían levantado un muro invisible en torno a nuestras residencias”, cuando 72 horas después fallecía la primera de las 60 personas a las que el virus ha costado la vida en los centros de mayores.

Además, ha recordado que el consejero de Salud, Manuel Villegas, también presente en la comparecencia, afirmó el 19 de abril que “no era necesario, dotar de más material de protección” a las residencias de ancianos y que había “una demanda por encima de la necesidad real” de equipos de protección individual. La portavoz de Podemos ha exigido que se den explicaciones sobre la “demora escandalosa en la intervención sanitaria de las residencias de ancianos afectadas” y ha apuntado que las órdenes del Ministerio de Sanidad llegaron el 23 de marzo pero sin embargo, en la Región de Murcia, esta intervención no fue implementada hasta el 1 de abril. En opinión de Marín, “los momentos tan críticos como los que estamos viviendo, no merecen esta descoordinación entre consejerías del mismo gobierno”.

En cuanto al centro de discapacitados de Churra, la portavoz de Podemos ha exigido que se aclare si es cierto “tal y como denuncian desde hace meses las familias” que no cuenta con médico propio. Marín ha planteado algunos interrogantes sobre cómo se está gestionando este centro ocupacional, víctima desde hace años de “recortes que han podido conducir a la situación de abandono denunciada por los familiares, agravando una situación de máximo estrés como la generada por la expansión del virus”.

En su intervención, la diputada de Podemos también ha mostrado su preocupación por los “casi 5.000 menores que tienen derecho a una beca comedor en la Región de Murcia y que se vieron afectados por el cierre de los colegios”. Marín ha asegurado que “también en este tema, la gestión del gobierno regional deja mucho que desear”, y ha denunciado que, a pesar de que  el día 16 de marzo se aseguró que todas las familias con niños con becas de comedor recibirían la comida en sus viviendas o una ayuda económica “pasado más de un mes desde el cierre de los comedores escolares, esas ayudas siguen sin llegar a los hogares más vulnerables de la Región. “Mientras que 1 de cada 3 niños se encuentra en riesgo de pobreza, solo el 2% tiene reconocida una beca comedor en la Región, según datos de Save the Children. De este 2%, ¿cuántos han recibido esta ayuda durante el confinamiento? ¿1 de cada 100? No es para estar contentos”, ha indicado la diputada.

En cuanto a la situación de las mujeres que sufren violencia machista, situación que se ve agravada por el confinamiento según todos los datos, Marín ha señalado que, mientras que desde el Ministerio de Igualdad se adoptó desde el principio un plan de contingencia, poniendo a disposición de las mujeres un número de atención por whatsapp, una campaña institucional y elaborando una guía, en la Región de Murcia “no se ha adoptado ningún plan de contingencia” a pesar de que se ha producido un descenso del 40% de las llamadas al teléfono de asistencia. La portavoz de Podemos ha exigido que se adecuen los fondos que recibe la Comunidad Autónoma procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que “sigan siendo útiles en la situación de confinamiento”.

Por último, Marín ha pedido al Gobierno Regional que “esté a la altura del sentido común de nuestro pueblo”, ante la evidencia de que “el mundo ya ha cambiado bajo la pesada losa del covid-19”. Este sentido común pasa por asumir “los grandes consensos que nos deja esta crisis”, y ha señalado que “no es tiempo de viejas recetas económicas y nuevos recortes”, sino que es el momento de “reforzar la sanidad pública y proteger a médicas, enfermeros y un personal sociosanitario precario y mal pagado”, además de “potenciar los mecanismos de protección social, creando un auténtico escudo que proteja a los más humildes cuando vengan mal dadas”.