// MAR MENOR: QUIEN CONTAMINA NO PAGA, NI SE LO EXIGEN //

Esta semana el “caso Topillo” por los vertidos de la agroindustria al Mar Menor volvía a ser noticia. 36 de las 49 empresas investigadas siguen imputadas. También un buen número de altos cargos. El escándalo saltaba al conocer que el gobierno de López Miras ni siquiera ha requerido a esas empresas una reparación por los daños causados a la laguna, es decir, al patrimonio de todos los murcianos. En cualquier país o región decente quien contamina paga. Aquí ni se lo exigen. Por eso la Fiscalía ha tenido que ponerles una denuncia.

La demanda de la Fiscalía contra la Consejería de Medio Ambiente confirma lo que Podemos lleva denunciando desde el primer momento: el gobierno regional es cómplice de la destrucción del Mar Menor. Los vecinos y vecinas que sufrimos por el estado crítico de la laguna, especialmente los marmenorenses, tenemos al enemigo en casa. Los que deben proteger el Mar Menor y velar por los intereses de los que tienen allí su vivienda o su negocio, el presidente López Miras y el consejero Antonio Luengo sólo defienden los intereses del lobby de la agroindustria.

Si estas multinacionales han podido contaminar el Mar Menor sin ningún freno es porque el PP de Valcárcel decidió mirar a otro lado. Ahora, con López Miras, van más allá e impiden directamente la labor de la justicia. La Consejería ha congelado los expedientes de responsabilidad ambiental contra las empresas imputadas todo un año, cuando el Mar Menor no puede esperar ni un minuto. Estamos viendo cómo se muere delante de nuestros ojos y cómo siguen envenenándolo.

Este es el PP con el que el PSRM de Diego Conesa ha pactado una mal llamada Ley de Protección del Mar Menor que no sirve para nada, porque está llena de trampas para seguir permitiendo las prácticas contaminantes que tan rentables resultan para la agroindustria. Populares y socialistas han apoyado durante demasiado tiempo un modelo en el que unos pocos se llevan los millones y el resto pagamos las consecuencias. Un modelo que todos sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando arrasen con todo, los lobbys se marcharán dejando una tierra yerma y un mar muerto.

La denuncia es más que pertinente, pero la acción de la justicia debe ir más allá. No basta con un contencioso-administrativo para exigir al Gobierno regional que actúe y obligue a la agroindustria a restituir los daños causados. La justicia debería investigar las razones de la connivencia de López Miras con estos empresarios sin escrúpulos que se han cargado el Mar Menor.

¿Qué poderes económicos están detrás y cuáles son sus nexos con el poder político? Los brazos cruzados de López Miras y Luengo con el Mar Menor, ¿qué precio tienen?

Artículo publicado en el diario La Verdad.