desahucios

Los desahuciados del último trimestre son las familias a las que Díez de Revenga negó las ayudas al alquiler

El secretario de Comunicación, Víctor Egío, denuncia que la Comunidad Autónoma sólo utilizó el 4% de los fondos enviados por el Gobierno de España para esta materia y exige al PSOE una ley de vivienda que limite los precios del alquiler y poner en marcha un parque público con los 3000 inmuebles que la Sareb tiene en la Región de Murcia

La Región de Murcia volvió a liderar en el segundo trimestre de 2022 la tasa de desahucios por cada 100.000 habitantes. Ya sucedió en 2021, cuando la Comunidad Autónoma encabezó el número de desahucios con más de 2200 ejecuciones hipotecarias. El secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, ha señalado como responsable directo de este drama, que supone que cientos de familias hayan perdido su hogar, al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ya que la Región de Murcia fue “la Comunidad Autónoma que peor se gestionó los fondos Covid”. 

 

Egío ha recordado que durante el año pasado, el Gobierno de España envió decenas de millones de euros para evitar los desahucios por impago, dado el contexto económico de la pandemia, pero la Comunidad Autónoma sólo pagó el 4% de las ayudas al alquiler, algo que ya denunció el Tribunal de Cuentas el pasado mes de julio. Ante lo que considera un “drama que podría haberse evitado”, el dirigente de Podemos ha exigido el cese inmediato de Díez de Revenga ya que “existe una relación causa-efecto evidente que ha hecho que las ejecuciones hipotecarias de estos últimos meses sean los de las familias que no recibieron esas ayudas en un momento crítico”.

Además, Egío ha anunciado que seguirán exigiendo al PSOE que acepte la propuesta de incluir en la ley de vivienda la regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. También ha lamentado que los socialistas estén bloqueando la posibilidad de crear a nivel estatal un parque público de vivienda con los inmuebles que están en manos de la SAREB. Esta medida pondría a disposición de las familias desahuciadas en la Región de Murcia más de 3.000 viviendas, que además podrían salir a alquiler con un precio reducido mediante alquileres sociales.