Óscar Urralburu, Portavoz en la Asamblea Regional y Segretario General de Podemos RM

Resulta llamativo que nuestra región, una de las más agraviadas en el reparto de recursos económicos del estado, la construcción de infraestructuras o la gestión hídrica, resulte ser la que tenga el dudoso honor de estrenar, en vergonzante exclusiva, la famosa Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal diseñada por Rajoy para salvar del escarnio público a todos los políticos incursos en causas por corrupción.

«Al final de la última legislatura del PP, con mayoría absoluta en el Congreso y el gobierno de la mayor parte de las CCAA, la epidemia de los escándalos por corrupción se extendía provocando el colapso de los juzgados de instrucción por falta de recursos y exceso de carga de trabajo. En una situación así, un gobierno responsable se preguntaría: ¿Cómo atajar la corrupción desde su raíz? ¿Cómo mejorar la acción de la justicia y el trabajo de jueces y fiscales? ¿Cómo dotar de más recursos a la policía y la Guardia Civil para sus investigaciones?

Pero no, el PP con su enorme creatividad orientó sus preguntas hacia otros lugares: ¿Cómo frenar el coste en imagen que supone la corrupción en un periodo electoral? ¿Cómo evitar que los casos de corrupción se desplieguen en cadena implicando a toda la dirección? Entonces a alguien del laboratorio jurídico del PP, aprendiz del brujo Trillo, se le debió encender la bombilla: “¿y si se impusiera un límite de seis meses para la instrucción de las causas alegando que queremos acelerar la justicia? Seguro que la mayor parte de ellas pasarían de dormir el sueño de los (in)justos.

Y así ocurrió, la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde el pasado mes de junio, es una auténtica Ley de punto final, de perdón, de amnistía general de los casos de corrupción aún no investigados, hecha a la medida de quienes disfrutan de los frutos de la Hacienda Pública a espaldas de la gente. El PP es una organización con mucha experiencia que sabe muy bien que tiene que proteger a los suyos para que nadie tire de la manta.

Y resulta que el primer beneficiado, el ganador en esta carrera de la infamia, el afortunado político que ha recibido el galardón de ser el primer presunto corrupto archivado, no es otro que nuestro presidente regional el señor Pedro Antonio Sánchez: el pasado 23 de enero el juzgado nº 3 de Lorca decretó el archivo del “Caso Pasarela”, pieza separada del “Caso Auditorio”, por haber transcurrido 6 meses sin que se haya practicado diligencia alguna, salvo la solicitud de personación hace 3 meses de PODEMOS y la solicitud por parte de la fiscalía de más tiempo para la instrucción.

Ésta es la forma que tiene el gobierno de Rajoy de luchar contra la corrupción. De este modo inclinan las leyes a favor de una casta política impune mientras aplican la ley de modo implacable a quienes más han sufrido las consecuencias de esta injusta crisis. Para Pedro Antonio y sus compañeros de tropelías, la impunidad; para la gente normal, para los desahuciados, los arruinados, los parados o las familias sin recursos, la condena.

Artículo publicado originalmente el 26/01/2017 en La Verdad