María Marín. Autora del artículo. Portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia

La Asamblea Regional aprobó ayer el decreto-ley 5/2020, que se carga la Ley de Protección Ambiental de la Región de Murcia. Lo hacen, según reza el título del decretazo, para mitigar el impacto socioeconómico del COVID-19. Si ya es grave atentar contra nuestro patrimonio natural, más grave es utilizar una pandemia que ha causado 27.000 muertos para estos negocios oscuros.

Vuelven a utilizar además el atajo del decreto-ley impidiendo la participación ciudadana y silenciando al Consejo Jurídico y al Consejo Asesor Regional de Medioambiente. Se nota que nuestro gobierno regional no ha leído al Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si pide a los cristianos actuar para detener el cambio climático y proteger la naturaleza. Algunos párrafos parecen inspirados directamente en la gestión de López Miras y Luengo:

“La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente”.

El Papa también llama la atención sobre “el poder político conectado con las finanzas”. “¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?” Cuando es urgente y necesario salvar el Mar Menor, el gobierno regional solo escucha al lobby de la agroindustria. Cuando es urgente y necesario detener el cambio climático, PP, Cs y Vox actúan como soldaditos de la CROEM y aprueban subir un 30% los límites de vertidos y emisiones.

Y es que las tres derechas hace tiempo que dejaron de ser católicas. Pasean santos. Se dan golpes de pecho. Pero sus valores y acciones poco tienen que ver con los de Jesucristo y el Papa. Si son malos creyentes, peor son aún como políticos. Cuando las imágenes de un Mar Menor colapsado recorren las televisiones de toda España, cuando el turismo y la hostelería sufren el impacto del COVID-19, ¿la única estrategia del gobierno regional es permitir más contaminación y pelotazos? ¿De verdad queremos ser noticia por esto?

Si este decreto no lo para la sociedad civil con sus movilizaciones, el futuro de la Región serán más casos Portman, más nubes tóxicas como la de Derivados Químicos en Alcantarilla, más balsas Jenny, más vertederos de Abanilla y más ruina para el Mar Menor y su gente. También nos queda el recurso a la justicia. Podemos ya tumbó parcialmente la Ley de Aceleración en el Tribunal Constitucional. Los últimos consejeros de Medioambiente del PP están todos imputados: Francisco Marqués, Antonio Cerdá y ahora también Adela Martínez-Cachá. Son las cosas de este PP y sus problemas con el séptimo y el octavo mandamiento.

Artículo de María Marín aparecido el jueves 28 de mayo de 2020 en La Verdad.