Óscar Urralburu Arza. Portavoz de Podemos Región de Murcia en la Asamblea Regional.

Durante demasiado tiempo el CIS viene resaltando que los españoles consideran la corrupción y el fraude como el segundo problema más importante del país. La última hemos podido comprobarla en el barómetro realizado tras la ‘Operación Taula’, y la detención de más de 24 altos cargos del PP valenciano.

Pero es que junto a esta operación, la lista de casos de corrupción es enorme: los ERE, la trama Gürtel, Fabra, el caso del AVE, Bárcenas, Rato, las tarjetas black, la Púnica, Mercasevilla, Tótem, Banca Catalana, la CAM, Pujol, Pokemon, el caso Umbra, los papeles de Panamá y el exministro Soria, el delfín de Aguirre, Ignacio González, Rita Barberá, Pilar Barreiro, etc. Los últimos implicados: el diputado Popular Gómez de La Serna, imputado en abril junto al embajador en la India, el señor De Arístegui, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores a empresarios afines.

El Sr. Gómez de la Serna fue ponente en la Comisión de Constitucionalidad de las 70 medidas anticorrupción del PP en la pasada legislatura. Su cinismo, como se advierte, no encuentra límites, como tampoco los ha encontrado la Senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya imputación por “blanqueo de capitales y financiación ilegal de partido político” fue elevada el pasado 21 de abril al Tribunal Supremo y todavía está pendiente de resolución haberla colocado su partido como miembro de la Diputación Permanente, siendo así aforada. No parece que vaya a poder continuar bajo las faldas del aforamiento la exalcaldesa Barreiro, que tras la disolución del Senado ha perdido su condición de aforada con lo que puede ser llamada a declara como imputada por la juez que instruye la pieza principal sobre ‘Novo Carthago’.

Ante la corrupción, la ciudadanía demanda que se cumpla la igualdad ante la Ley: una pronta investigación, imputación de los responsables, un juicio justo y una condena ejemplar, evitándose siempre la prescripción de los delitos. Pero la situación real es otra: el aforamiento parlamentario retrasa artificialmente la comparecencia judicial, alargando los procesos de forma intolerable. Existe un consenso social para eliminar esta excepción jurídica cuestionada por el Tribunal Supremo y que distingue a los políticos del resto de los mortales, entonces: ¿Por qué razón el Presidente del Gobierno regional y su grupo parlamentario se abstuvieron ante el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que suponía la eliminación de la figura del aforamiento para los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno?

¿Cómo puede ser que con su abstención impidieran la reforma de unos artículos del Estatuto que se comprometieron a cambiar en el acuerdo de investidura alcanzado con Ciudadanos? ¿Por qué no desean cumplir su compromiso de “eliminación de los aforamientos a nivel autonómico”?

No desistiremos. Este jueves, los parlamentarios de Podemos vamos a preguntarle al Presidente Pedro Antonio por qué siendo la corrupción el mayor gesto de antipatriotismo y traición que puede mostrar un representante político, evitó con su voto y el del resto del Partido Popular que la figura del aforamiento despareciera del ordenamiento jurídico de la Región. Y nosotros nos preguntamos: ¿estarán viéndole las orejas al lobo?

Artículo publicado originalmente el 05/05/2016 en La Verdad