La portavoz de Podemos denuncia que en las cuentas regionales “ahondan en el maltrato a la educación pública” y exige la recuperación inmediata de los más de 3.000 docentes despedidos por la Consejería desde 2012, incrementar los gastos de funcionamiento de los centros y construir las infraestructuras necesarias para acabar con el “chabolismo educativo”

Los presupuestos regionales de 2023, cuya aprobación definitiva tendrá lugar la próxima semana, consolidan la tendencia del Partido Popular de desmantelar la educación pública para favorecer a empresas educativas privadas. Esa es la conclusión a la que han llegado Podemos y los sindicatos STERM, CCOO y SIDI, tras la reunión mantenida esta mañana en la Asamblea Regional para analizar las cuentas autonómicas en esta materia. La portavoz regional de la formación morada, María Marín, ha lamentado que López Miras “continúe atacando a la educación pública y sin atender las necesidades de la comunidad educativa. Lejos de ello, para Marín “las cuentas de López Miras ahondan en el maltrato a la educación pública”. La diputada ha considerado que es “especialmente grave” que se esté “vendiendo un derecho fundamental como la educación a intereses privados”, aunque también asegura que “no es de extrañar” en unos presupuestos “plagados de carencias y recortes” y que “no contemplan las inversiones necesarias para ayudar a las familias y los sectores económicos que peor lo están pasando con la subida de los precios, ni recogen las inversiones necesarias para mejorar la movilidad de las grandes ciudades y vertebrar la Región”.

La portavoz de Podemos ha recordado que la Región de Murcia “es la única en la que se siguen manteniendo los recortes a la educación pública que se aplicaron en 2012 de forma excepcional”, pero que una década después “siguen machacando a docentes y alumnado”. De cara a los presupuestos del año próximo la formación morada exige la reversión de estos recortes, lo que conllevaría necesariamente “reducir el número de alumnos por aula, disminuir la carga lectiva del profesorado y recuperar los más de 3.000 docentes que en 2012 se fueron a la calle y no se han recuperado”. Además, plantean que es imprescindible “incrementar los gastos de funcionamiento de los centros, construir las infraestructuras necesarias y recuperar los derechos de los interinos”.

Marín ha cargado contra el anuncio de López Miras de principios de noviembre sobre una bajada estructural y progresiva de las ratios a partir del próximo curso. Para la portavoz morada, la bajada de ratios de López Miras “es tan solo una promesa electoral, que además no engaña a nadie”. Según ha denunciado, en los presupuestos regionales “no hay ni una sola partida para aplicar esa bajada de ratios”, cuando es “imposible bajar las ratios de alumnos y alumnas por aula si no se contratan más profesores y se construyen más aulas”. Por el contrario, los datos indican que la proporción de alumnos por docente ha aumentado este año, mientras que además, tal y como denuncia Marín, “se sigue extendiendo el chabolismo educativo por toda la Región”, en forma de barracones, desde la Unión “donde 115 niños y niñas se han quedado sin aula en el colegio Rey Juan Carlos I y tienen que estudiar en barracones”. También ha considerado “un escándalo” la situación en la que se encuentran centros como el Colegio Antonio Molina, en Blanca, que miembros de Podemos visitaron para reunirse con la directora del colegio y el AMPA y mostrar el apoyo de la formación a la reivindicación ya histórica de renovación integral del colegio. 

Por su parte, el portavoz de STERM, Vladimir Solá ha denunciado que se necesita “tiempo de calidad para atender al alumnado y a las familias”, para lo que hay que bajar las horas lectivas y subir las horas complementarias, además de bajar las ratios y ampliar la plantilla de personal docente. Solá ha criticado que el modelo que se está implantando tiene un claro objetivo privatizador y que de seguir por el actual camino, pronto nos quedaremos sin servicios públicos en la Región de Murcia. En el mismo sentido se ha pronunciado Jorge Castillo, secretario de Política Educativa de CCOO Enseñanza, quien ha calificado como “situación de emergencia” el estado de la educación regional. Castillo ha considerado que la escasez de recursos humanos hace que “no haya suficiente personal para atender al alumnado”, y ha señalado como “necesidad fundamental” apostar por la red pública de la Formación Profesional e incrementar las plantillas de atención a la diversidad.