Puerto de Cartagena

El lodazal portuario

María Marín

María Marín, portavoz de Podemos

Un nuevo, y ya hemos perdido la cuenta de cuántos van, escándalo de corrupción en el Gobierno de López Miras. Con la más absoluta sensación de impunidad, la Autoridad Portuaria de Cartagena ha amañado, presuntamente, los contratos que adjudicaba para favorecer a familiares, amigos y empresas adyacentes al Partido Popular. A pesar de los indicios que cercan a la presidenta de esta institución, Yolanda Muñoz, nombrada hace poco más de dos años por el Gobierno regional, López Miras continúa sin dar ni una sola explicación. La propia Muñoz asegura que, en lugar de dimitir, continuará cobrando cada mes por el cargo que ocupa para investigar “desde dentro” esta auténtica trama de presunta corrupción. O sea, que pretende ser quien controle las investigaciones internas para dilucidar un caso que le afecta directamente y del que es, ya sea por acción o por omisión, la principal responsable.

¿No sería más razonable que fuese una comisión independiente, creada en la Asamblea Regional y con presencia de todos los partidos que representan a la ciudadanía, quienes investigaran este escándalo, en lugar de ser precisamente aquellos que, tal y como apuntan todos los datos, han desarrollado esta supuesta trama de enchufes y adjudicaciones irregulares? Eso es precisamente lo que estamos planteando en la cámara autonómica. Nos tememos que la respuesta será, como siempre, la negativa del Partido Popular y los diputados tránsfugas que mantienen su Gobierno.

¿No sería también más lógico que la presidenta bajo la que han ocurrido estas adjudicaciones dimitiese de inmediato y se nombrase a alguien que no tuviese absolutamente nada que ver y que pusiese a disposición de la justicia todos los datos? Pues ella sigue adelante, y no es difícil suponer que su misión no será precisamente aportar las pruebas de los contratos presuntamente amañados. Más bien es fácil deducir que está ahí para justo lo contrario: ayudar a que nada salpique al Partido Popular.

La legislatura que terminará en pocas semanas ha estado marcada por la corrupción y la falta de ética. Lo vimos cuando se vacunaron de la covid cientos de cargos públicos ligados al Partido Popular (y también al PSOE), mucho antes de que les tocase, pasando por encima de la gente mayor y más vulnerable. Lo vimos cuando López Miras compró hasta 7 diputados de otros partidos para desactivar una moción de censura. Lo vemos cada día cuando miramos al Mar Menor y a un Gobierno regional más centrado en exculpar al agronegocio y sus vertidos que en solucionar el problema generado por estos. Y vemos, claramente, que esta forma de gobernar continuará si la ciudadanía no pone remedio el próximo 28 de mayo con su voto. Echar al Partido Popular es hoy una obligación democrática y una apuesta por acabar con el saqueo de lo público.
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Artículo publicado en papel en el diario La Verdad de Murcia el 26 de enero de 2023.