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El Gobierno regional fomenta la precariedad laboral de las trabajadoras de limpieza de la Comunidad Autónoma

La portavoz regional de la formación, María Marín, considera que si el único criterio de adjudicación del contrato de limpieza es el precio más bajo, “la consecuencia es un mayor abuso de la contratación temporal, incumplimiento de los pliegos de condiciones, del convenio colectivo y de la legislación vigente en materia laboral

 

 

Podemos Región de Murcia ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del sector de la limpieza. En este encuentro, María Marín, portavoz regional de Podemos y Luigi Carinci, secretario de Movimientos Sociales y Sociedad Civil, han analizado, junto a las representantes de las trabajadoras y trabajadores, el pliego de condiciones de la contratación del servicio de limpieza de la Comunidad Autónoma para el periodo 2021-2023 que desde la Consejería de Hacienda han diseñado y que pretende ponderar el precio de la oferta en un 81% con respecto a los criterios de valoración.

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha considerado que el hecho de que el único criterio de adjudicación sea el precio “convierte la licitación en una mera subasta económica, contraviniendo no sólo las directivas europeas de contratación pública, sino también la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”. De hecho, Marín ha recordado que la legislación española “incluye entre los criterios de adjudicación la posibilidad de consideraciones de tipo social para que se evalúe la mejor relación calidad-precio, como forma de garantizar la dignificación y los derechos laborales de la plantilla que lo ejecuta”.

Para la diputada autonómica, el hecho de que los contratos se adjudiquen a la oferta más baja supone “mayor precariedad en el empleo y del abuso de la contratación temporal y el incumplimiento de los pliegos de condiciones, del convenio colectivo y de la legislación vigente en materia laboral”. Marín ha denunciado además que el Gobierno regional “es plenamente conocedor de este problema”, aunque “no sólo no toma medidas para ponerle solución, sino que, con la nueva propuesta de contrato, está fomentando que las empresas adjudicatarias mantengan a su personal en unas condiciones cada vez más precarias”.

La actitud que está manteniendo el ejecutivo de López Miras y sus consejeros tránsfugas respecto a los pliegos de condiciones sólo sigue el objetivo de ahorrar dinero, sin tener en cuenta la situación de precariedad y abusos generada en el sector y las repercusiones en la calidad del servicio. Frente a esta forma de proceder, Marín ha apostado por “ajustar la contratación del servicio de limpieza a los costes reales de la prestación del mismo, garantizando de esta manera que se incluyen los costes laborales, sustituciones, permisos y licencias”, es decir, “el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y de la legislación vigente, tanto española como europea”.  

Ante la situación generada por las intenciones del Gobierno regional a la hora de adjudicar este servicio, la diputada ha anunciado que Podemos registrará una pregunta en sede parlamentaria al Consejero de Hacienda como responsable del contrato sobre “cómo se ha calculado el precio de oferta del contrato, qué capítulos de gastos se han incluido en el mismo y que criterios sociales se van a incluir en los pliegos, si es que se van a incluir, para garantizar unas condiciones laborales dignas a las seis mil personas trabajadoras de un  servicio que ha sido declarado entre los esenciales durante la pandemia”.

Por último, Marín ha asegurado que se hace “urgente recuperar criterios objetivos que garanticen una actualización y escrutinio de las necesidades del servicio, combinado con los recursos humanos y las horas de trabajo objetivadas centro a centro”. Por tanto, la diputada de Podemos ha apostado por licitar “incluyendo pliegos de condiciones que se ajusten a la realidad y necesidades del servicio”, garantizando “la salubridad e higiene necesarias y exigidas por la normativa vigente, y la calidad general del servicio en pro de la plantilla de limpiadoras, el personal funcionario y las ciudadanas y usuarias que acceden diariamente a las dependencias autonómicas”.