Denuncia pública de distintas entidades a HazteOir, CitizenGo y Plataforma por las Libertades

Desde las asociaciones HazteOir y CitizenGO están haciendo llegar a los centros educativos de la Región de Murcia en particular, y a los de toda España en general, cartas y libretos para oponerse a la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a otras leyes similares aprobadas en distintos puntos del territorio español. El texto en cuestión no se queda ahí y, respaldándose en la libertad de expresión, promueve un discurso de odio contra todas aquellas personas que no encajen en su prototipo de sociedad cisheteropatriarcal, llegando a incurrir en posibles delitos de odio, todo basado en un batiburrillo ideológico ultraconservador que lo único que hace es poner en evidencia la falta de información y formación de quienes lo respaldan, pudiendo incurrir en una infracción del artículo 10 de la Constitución Española.

En la carta que acompaña al libreto, dirigida siempre a la dirección de los centros educativos, se habla de que leyes como la anteriormente mencionada promueven modelos de comportamiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y, esto es curioso, intersexual, saltándose a la torera todo razonamiento lógico y mezclando diversidades distintas como son la de cuerpos, identidades de género y atracciones sexuales que en ningún caso corresponden a modelos de comportamiento alguno.

Centrándonos en el libreto, éste comienza con una portada donde aparecen dos menores haciendo el saludo fascista a la bandera de la diversidad sexual con el texto “¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual”, lo que ya da qué pensar sobre su contenido. En su interior, un constante machaque sobre la supuesta imposición de la ideología de género, cuando son publicaciones como éstas las que pretenden imponer sus ideas; buscan la confrontación mezclando la formación en diversidad y respeto con un tipo de formación religiosa y moral; se lamentan de una falta de libertad de enseñanza y conciencia por no fomentarse la discriminación y las faltas de respeto; imponen su modelo de familia natural, obviando la diversidad familiar existente; hacen ver el respeto a la diversidad como un ataque directo a la libertad individual y social, cuando es justo lo contrario lo que se persigue; plantean la violencia de género como una invención de eso a lo que llaman ideología de género; pretenden hacer ver que las personas transexuales son enfermas con las que hay que experimentar y que la intersexualidad, homosexualidad y transexualidad son anomalías clínicas a investigar; consideran que las identidades de género y orientaciones sexuales no deberían incluirse dentro de los Derechos Humanos; consideran que la diversidad sexual excluye a la heterosexualidad, cuando está incluida como una orientación sexual más; pretenden que se perpetúen y favorezcan los privilegios de las personas cishetero (no LGTBIQ+) por encima de quienes no lo son; niegan que durante el franquismo existiese represión a las personas homosexuales y transexuales; pretenden hacer ver que las leyes de igualdad social y no discriminación ofrecen privilegios a una parte concreta de la población, cuando lo que se pretende con ellas es que no existan privilegios de unas personas frente a otras; quitan importancia a los delitos de odio, considerando que los agravantes de agresiones por identidad de género u orientación sexual son meras excusas para conseguir un privilegio legal, y es precisamente la desigualdad a estos niveles la que hace necesaria el dar nombre a dichos agravantes; fomentan que los familiares de menores presenten escritos en la Consejería de Educación para impedir que se forme a los menores en el respeto a sí mismos y a los demás; y, por si todo esto no fuera suficientemente grave, promueve y justifica de modo favorable la realización de terapias de conversión, presuponiendo que la homosexualidad y la transexualidad son enfermedades con posibilidad de curación que pueden y deben ser tratadas.

Esta acción, más allá de convertirse en una salida de tono puntual propia de una ideología ultraconservadora, es un ataque directo y premeditado a una educación, sanidad y, en general, sistema social que fomentan el respeto, la empatía y la asertividad. La concienzuda elaboración, no sólo de la carta, sino de un libreto de 45 páginas justificando y promocionando el rechazo a una parte de la población por sus cuerpos, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales es y puede generar un discurso de odio que en muchas ocasiones ralla el límite con el delito de odio.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, la Plataforma por las Libertades, a la que se ha unido la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), se ha creado a nivel estatal con el propósito de derogar todas aquellas leyes que aseguren los derechos y la no discriminación de la población no cishetero (LGTBIQ+) y que la ciudadanía aprenda a “defenderse” de ellas, pretendiendo perpetuar la discriminación y fomentando de forma indirecta el discurso del odio.

Es por todo esto que la asociación Colectivo GALACTYCO, la plataforma ciudadana Entretodxs.net, la asociación Ni Peras Ni Manzanas, Partido Socialista de la Región de Murcia PSRM-PSOE, la asociación Colectivo No Te Prives, PODEMOS Región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ISEN Formación Profesional, ISEN Centro Universitario, la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM), el Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad de Murcia (UMU) y UPyD Región de Murcia, entidades que promovemos la visibilidad, el reconocimiento, la aceptación y el respeto a la diversidad sexual, rechazamos frontalmente y denunciamos públicamente a HazteOir, CitizenGO, la Plataforma por las Libertades y cualesquiera otra entidad, asociación o colectivo que utilice argumentos vejatorios y discriminatorios para justificar la supremacía de una parte de la población frente a otra, e instamos a la Administración a condenar estas acciones y a retirarles cualquier financiación pública de la que puedan gozar. Así mismo, celebramos las reacciones de muchos centros de estudios y administraciones públicas y privadas que están denunciando la llegada de estos documentos y retirándolos de circulación.