PODEMOS EXIGE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN CONTRATOS PÚBLICOS

El gobierno de Pedro Antonio Sánchez deja a un lado las cláusulas sociales en la licitación de las casas de acogida y avanza hacia la privatización paulatina de los servicios sociales.

Desde Podemos exigimos que la provisión de servicios sociales se aleje de criterios de centralización y mercantilización, para asegurar que las empresas que conceden estos servicios no primen los fines lucrativos y que las personas demandantes, por su parte, reciban la mejor atención posible.

El pasado 30 de julio se conoció la noticia de que el Servicio de Atención Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida, podría adjudicarse a una entidad desconocida para el conjunto de organizaciones que han venido desarrollando este servicio durante más de una década.

La alarma ha saltado al conocerse la valoración obtenida por dicha entidad en la licitación, que aun obteniendo una calificación técnica general de 12 puntos sobre 40, ha sido la elegida debido a que su oferta era más económica que la del resto de concursantes.

Nuestra diputada regional María Giménez ha expresado su preocupación al respecto, “lamentablemente la nueva deriva de la racionalización del sector público abre la puerta a la mercantilización de los servicios sociales obviando los necesarios criterios de calidad para la prestación de servicios”.

El Gobierno del PP podría estar fomentando la externalización de servicios públicos al mejor postor. Ni las condiciones de género ni la experiencia en el trato con mujeres inmigrantes han supuesto ningún mérito que permita dar el servicio con criterios sociales frente al supuesto ahorro económico.

Con esta decisión, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades estaría vulnerando el contenido del Pacto de Lucha contra la Pobreza, que el PP regional firmó recientemente. María Giménez recuerda, “que el PP se comprometió a garantizar el acceso al empleo de calidad, apoyando la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las pymes”.

Nuestra formación pide al gobierno de la CARM la inclusión de las cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de las contrataciones públicas, que aseguren tanto la sostenibilidad y continuidad de los proyectos como el acceso al empleo de calidad de las personas en situación de exclusión social.