08 Abr 2016 Aprobada la PEC
La Región de Murcia se convierte, gracias a la aprobación del Proyecto de Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) presentado por nuestro grupo parlamentario, en la segunda comunidad autónoma que legisla para poner en primera línea de la política la urgencia en el pago de las ayudas para paliar la emergencia social, acabar con la austeridad y poner a la gente lo primero de todo.
“Hoy volvemos a estar al lado de las personas que esperan para recibir sus derechos; aquellos ciudadanos que no entienden ni entenderán nunca por qué sus solicitudes se demoran meses, incluso años, mientras los bancos reciben puntualmente el pago de la deuda pública en la que nos han metido” ha afirmado nuestra diputada María Giménez en el Pleno de la Asamblea Regional.
Giménez ha querido dejar claro que esta ley pone de manifiesto que “los expedientes no son números alineados en un archivo, son hojas de vida encerradas en los cajones de los despachos de las consejerías”. Y ha añadido que un 44’9% de la población murciana está en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las cifras más altas del país. “Este porcentaje representa a las miles de familias que no pueden afrontar gastos imprevistos, que sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda y los suministros básicos para la vida y que en definitiva tiene serias dificultades para llegar a final de mes y alimentarse adecuadamente” ha resaltado la parlamentaria loquina.
La Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana se va a convertir en una herramienta legal que permitirá revertir la situación que el Partido Popular ha creado con su mala gestión y agilizar las ayudas públicas para que los murcianos puedan salir de la exclusión y tener otro horizonte.
La política social del PP obedece a un orden de prioridades en el que la gente más necesitada no ocupa, ni de lejos, los primeros lugares en las preocupaciones de quienes nos gobiernan. De ahí, que el presupuesto debe priorizar a las personas, ni una sola dieta de altos cargos debe pagarse antes que una RBI, una ayuda a la dependencia o una plaza de comedor escolar.
“Estos procedimientos han resultado en la práctica insuficientes, han sufrido graves retrasos en su tramitación, adolecen de fondos para hacer frente a los pagos de las solicitudes, siendo los casos más sangrantes los de la prestación de renta básica de inserción, así como los retrasos en la valoración y el pago de las prestaciones de la Ley de Dependencia” ha concluido María Giménez.
Repercusión en medios: