Andrés Pedreño “el derecho a la salud pública no puede quedarse a las puertas de los centros penitenciarios”

Los diputados regionales de Podemos, María López y Andrés Pedreño, han exigido el cese del Director General de Salud Pública y la comparecencia del Consejero de Salud en la Asamblea Regional para rendir cuentas ante la “negligencia en el protocolo de salud pública tras los 21 casos de afectados por sarna en el centro penitenciario de Campos del Río”.

Podemos pide al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia que “subsane de inmediato la falta de personal especializado y de recursos suficientes en los centros penitenciarios de la Región”.

Andrés Pedreño se ha preguntado por los motivos por los cuales los protocolos de prevención de salud pública han fallado, si bien es cierto que las competencias de atención primaria y especializada son competencias de instituciones penitenciarias, los protocolos de salud pública ante una enfermedad infecciosa como la sarna son competencia de la Comunidad Autónoma, por lo que ha afirmado “ ha habido una enorme negligencia en la Conserjería de Sanidad, que no ha establecido protocolos claros y resolutivos ante esta situación”.

Además, Andrés Pedreño ha añadido que esta situación que se vive en el centro penitenciario de Campos del Río responde a una “cadena de negligencias que se suceden en el tiempo” donde “no existen los trabajadores específicos en el trabajo de lavandería, labor que hacen los internos, no se han suministrado la medicación adecuada a internos y trabajadores para evitar el contagio de sarna, y además sólo existe un farmacéutico para los centros penitenciarios de la Región”.

Así, Pedreño ha informado que Podemos ha pedido el cese del director general de Salud Pública y la comparecencia del Consejero de Salud para que rinda cuentas y explique por qué el derecho a la salud y a una asistencia adecuada no se está dando en los centros penitenciarios de la Región y a Delegación de Gobierno que tome cartas en el asunto y dote con recursos suficientes a los centros penitenciarios de la Región donde el derecho a la salud pública tiene que estar vigente como en cualquier otro lugar.